Hasta los últimos días de labores de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Grupo Salinas presentó nuevos recursos legales que mantienen detenida la resolución de tres litigios fiscales de Elektra por casi 35 mil millones de pesos.

En este mes –el último del pleno que concluye funciones el 31 de agosto–, la defensa del empresario Ricardo Salinas Pliego promovió tres impedimentos contra los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Lenia Batres Guadarrama.

La compañía ha presentado en total, en el año reciente, más de 60 recursos de este tipo y otros contra siete de los 10 ministros en funciones, que contemplan también a Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con el argumento de que no serían imparciales, lo que ha frenado durante meses la discusión de los amparos.

En junio, la ministra Lenia Batres reveló que hasta esa fecha se habían promovido “56 impedimentos y recursos como táctica dilatoria, lo que permitió posponer durante al menos siete meses la resolución de estos juicios”. En agosto se sumaron al menos tres más.

El más reciente fue el impedimento 41/2025, en el que Elektra buscó apartar a Javier Laynez del amparo directo en revisión 5654/2024, relacionado con un crédito fiscal de 2008 por mil 431 millones de pesos. Otro, el impedimento 1/2025, pidió excluir a Pérez Dayán y Batres del recurso de reclamación 540/2024, vinculado al mismo crédito.

El tercer impedimento (20/2025) solicitó apartar a Batres del recurso de reclamación 544/2024, que deriva del amparo 6321/2024 sobre un crédito fiscal de 2013 por más de 33 mil millones, el litigio más cuantioso que enfrenta el grupo.

El pleno saliente, presidido por Norma Piña, cerró sesiones el 19 de agosto, por lo que estos casos, junto con el amparo directo en revisión 3842/2024 –relativo a un crédito de 2012 por 67 millones de pesos– serán resueltos por la nueva integración de la Corte a partir del 1º de septiembre. Antes deberán resolver los recursos de impedimento, reclamación y otros relacionados.

En su página de Internet, Grupo Salinas señala al gobierno federal, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, de usar sus casos como “extorsión fiscal” y distractor político. Sostiene que no se trata de evasión, sino de cobros dobles e ilegales, asegura haber pagado más de 250 mil millones en impuestos desde 2005 y atribuye persecución política y presión sobre jueces y ministros.