odrá tener razón la presidenta Claudia Sheinbaum en “respetar al pueblo de El Salvador”, respecto a la aprobación legislativa de la relección indefinida en su país, en concordancia con la política exterior mexicana de no intervención en asuntos políticos internos de otros países ( La Jornada 1/8/25). Pero no se deben soslayar debilitadas voces opositoras en el país, tanto de derecha (Arena) como de izquierda (FMLN), que advierten el fin de la democracia y la instalación de una dictadura de facto (https://tinyurl.com/j6bvn4pk). Más allá de intentar perpetuarse en el poder, la estrategia del presidente Nayib Bukele es consolidar a su partido, Nuevas Ideas, en el poder legislativo a largo plazo, pues dista mucho de tener el grado de aprobación popular que él mismo tiene (https://tinyurl.com/5c7d73bv).

El ex candidato presidencial Luis Parada lamenta en redes sociales (https://tinyurl.com/2hpd856) que “la República de El Salvador ya no existe. Fue destruida por Bukele, sus diputados y sus magistrados. Primero violaron la Constitución, destituyendo a los magistrados de la sala de lo constitucional y aprobando la relección inconstitucional de Bukele. Después cambiaron la forma de reformar la Constitución, sin aviso, sin debate, y de forma exprés. Finalmente, cambiaron una cláusula pétrea, que la misma Constitución prohibía cambiar. Al hacerlo, han efectivamente cambiado la forma de gobierno y el sistema político establecido. Han destruido la Constitución, que era la base en que estaba construida la República”.

Estas reformas constitucionales se dan, como dice el boletín del Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (Cispes), con el aval de “una postura de neutralidad y respeto por la autodeterminación (…) que las naciones de América Latina y de todo el mundo llevan mucho tiempo exigiendo a Estados Unidos, pero parece que sólo se aplica a los movimientos políticos y gobiernos de derecha”. Para Estados Unidos, la aceptación de los cambios en El Salvador son un peldaño más “en su papel clave en la legitimación de la concentración de poder de Bukele” (https://tinyurl.com/3jdumpkb).

Ningún gobierno puede hacerse de la vista gorda y condonar la grave crisis de derechos humanos en El Salvador. Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, han muerto 435 personas encarceladas bajo el régimen de excepción de Bukele, por falta de atención médica (https://tinyurl.com/2p9vffkj). El terror de Estado se expande; líderes religiosos de diversas congregaciones de El Salvador afirman que su labor entre las comunidades más pobres y marginadas del país podría costarles la libertad, como ha sido el caso del pastor José Ángel Pérez, violentamente encarcelado en mayo.

En julio de 2023 se emitió el decreto 803, con el cual se extendió la detención provisional hasta por dos años, con el objetivo de que el fiscal general pueda preparar juicios masivos y que facilita que el Estado procese a personas inocentes junto a presuntos miembros de estructuras criminales. A unos 10 días antes de que se venciera este decreto, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma extendiendo este plazo dos años más. (https://tinyurl.com/3j7r5c2u). Así, una mayoría de personas arrestadas bajo el régimen de excepción de Bukele han sido detenidas por más de tres años, sin que se haya presentado evidencia alguna en su contra y podrían quedarse detenidas dos años más. Esto, a pesar de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas restablecer los derechos y las garantías procesales que han sido suspendidas (https://tinyurl.com/2s39dpxb). De acuerdo con Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, cientos de personas han muerto bajo custodia mientras esperaban una audiencia preliminar (https://tinyurl.com/3xs43jsu).

El propósito de terminar con la violencia de pandillas criminales en el país se ha extendido a capturar a cualquier individuo que parezca oponerse al régimen de Bukele. Un caso importante, entre muchos, es el de los cinco defensores del agua de Santa Marta, quienes fueron detenidos en 2022 bajo cargos falsos. Son ex combatientes que se habían convertido en destacados defensores medioambientales y que ayudaron a liderar la lucha mediante la cual se prohibió la minería metálica en El Salvador en 2017.

En octubre de 2024, tras una larga campaña de defensa legal, un tribunal del distrito de Sensuntepeque declaró inocentes a los cinco defensores del agua (ver La Jornada 21/10/24). La sentencia confirmó que el fiscal general no había aportado pruebas de la existencia de un delito. Sin embargo, la sentencia fue revocada un mes después por una sala de apelaciones penales, que ordenó un nuevo juicio. Este proceso sigue aplazándose y los defensores del agua siguen esperando a que se les conceda su libertad definitiva.

En un revés, el 24 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, anuló la histórica ley de prohibición de la minería metálica y la sustituyó por una nueva ley que abre la puerta a empresas mineras y que confirma las verdaderas razones por las que se persigue a ambientalistas.

Andrés McKinley, de la Universidad de Centroamérica, experto en agua y líder en la lucha por la prohibición de la minería en El Salvador, escribe que el país “vive tiempos confusos. A veces parece que la realidad en este país está patas arriba. Lo injusto es llamado “justo”; la defensa de los recursos naturales es entendido por el Ministerio de Medio Ambiente como obstáculo para el desarrollo; los héroes nacionales han sido acusados y perseguidos. Las nuevas generaciones enfrentan la enorme incertidumbre de un lejano horizonte (https://tinyurl.com/24y9tzbb).”

En México hemos de velar por la Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador de 1981 (https://tinyurl.com/4b79unhk) para la transición a su democracia, así como el respeto a los Acuerdos de Paz firmados en 1992 en el Castillo de Chapultepec, que pusieron fin a una sangrienta guerra civil, ahora pisoteados por Bukele ( La Jornada 13/3/23).

*Institute for Policy Studies ( www.ips-dc.org)