La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, es un crimen que sigue en la “impunidad”, ya que a 15 años de estos hechos únicamente se tienen dos sentencias condenatorias, aún hay nueve víctimas sin ser identificadas y las familias no han recibido ningún tipo de reparación por parte de las autoridades mexicanas, denunció la organización Fundación para la Justicia.

Eduardo Rojas, coordinador de estado de derecho de la fundación que representa a algunos de los deudos, señaló que en ninguna de las sentencias se abordó la privación de la libertad y posterior asesinato de las 14 mujeres y 58 hombres de Centro y Sudamérica por integrantes del cártel de Los Zetas, sino que fueron por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

En su momento fueron consignadas 15 personas por los hechos, pero fue hasta 2021 cuando se emitieron las dos primeras sentencias. A la fecha, no hay ninguna investigación sobre el posible nexo entre autoridades y las redes criminales, aseguró.

Este crimen perpetrado durante el gobierno de Felipe Calderón, quien declaró la guerra al narcotráfico, “destapó el horror, hasta entonces silencioso, de migrar por México”, indicó la fundación. Las 72 personas fueron asesinadas por la espalda, apiladas y abandonadas a la intemperie. Hasta el momento, han sido identificadas 63 víctimas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India.

El experto apuntó que se requiere de “instrumentos extraordinarios” con la capacidad para investigar esta tragedia desde un enfoque de “macrocriminalidad” y de derechos humanos.

“Se trata, en la masacre de los 72 migrantes, de expedientes que en realidad requerirían de un equipo interdisciplinario solamente para este caso; (sin embargo), lo que tenemos es que muchas de estas masacres están siendo asignadas a un solo Ministerio Público”, subrayó.

Rojas sostuvo que las familias han tenido que enfrentar el “abandono institucional”, particularmente –dijo– la experiencia con la Fiscalía General de la República “ha sido bastante negativa”. Expuso que tuvieron que pasar nueve años para acceder al expediente, peritajes y averiguaciones previas, producto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Pasar nueve años sin tener ese expediente implica que las propias víctimas no pudieran conocer qué es lo que se estaba realizando y que no pudieran proponer actos de investigación”, reprochó.

Asimismo, apuntó que la masacre no es un hecho aislado, sino consecuencia de una “violencia sistemática” contra personas migrantes en la región.

Rosmery Yax Canastuj, coordinadora de la oficina de la fundación en Guatemala, coincidió en lo anterior y recordó que en 2011, en el municipio de San Fernando, también fueron hallados 195 restos de personas en 48 fosas clandestinas, lo que revela una “repetición de patrones”.

Esto, dijo, evidencia que después de salir a la luz pública el crimen contra los 72 migrantes, el 24 de agosto de 2010, “no se tomaron las medidas necesarias” de no repetición.

La falta de investigaciones permitió que se siguieran cometiendo otros “crímenes atroces” como el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León (2012), y las masacres de Güémez (2014) y Camargo (2021), en Tamaulipas.

La especialista llamó a los gobiernos de los países de origen de los 72 migrantes a no olvidar que aún hay procesos pendientes y subrayó la importancia de la coordinación entre las diferentes autoridades para garantizar el acceso a la verdad, reparación y justicia a los deudos.