El abogado Vidulfo Rosales dejó la representación de las familias de los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos, tras casi 11 años al frente de esa causa.

Personas cercanas al caso confirmaron que se sumará al equipo del próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

En entrevista con La Jornada, Rosales dijo que si bien recibió la invitación para colaborar en el máximo tribunal, aún lo valora. Sin embargo, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –en el que por 24 años colaboró el litigante–, confirmó su incorporación a la Corte e indicó que la renuncia se concretó el 15 de agosto pasado.

“Es una decisión personal, no podemos como institución obstruir; más bien es comprender y respetar su decisión de que él cierra su ciclo con Tlachinollan, y ahora entiendo que se incorpora a una nueva tarea en la Suprema Corte”, señaló Barrera en entrevista por separado.

Con más de dos décadas como pieza clave en el Centro Tlachinollan –desde donde defendió casos como el de Inés Fernández y Valentina Rosas, las mujeres indígenas violadas por elementos del Ejército en 2002 y varios expedientes emblemáticos en Guerrero–, Rosales ayer afirmó que su dimisión se dio por motivos de salud y que habló directamente con las familias el sábado pasado para informarles de su decisión, después de casi 11 años de acompañamiento.

“Mantengo un diálogo respetuoso con el ministro (Hugo Aguilar) respecto a la posibilidad de que pueda colaborar en la nueva configuración de la Corte. Hemos estado platicando sobre cómo la Corte estaría sentando los nuevos criterios y estaría avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, pero nada más, no hay nada en firme”, aseguró.

En una carta fechada el 19 de agosto, el litigante externó que se retira de la “primera línea de la lucha social con la frente en alto” y aseguró que “desde otras trincheras” seguirá exigiendo que los derechos humanos “sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.

Rosales, originario del municipio guerrerense de Tlacoapa, cobró notoriedad nacional e internacional tras convertirse en el principal representante legal de las madres y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Diversas fuentes confirmaron a La Jornada que el abogado “es asesor” de Ortiz, quien entrará en funciones el próximo primero de septiembre.

Barrera explicó que los centros de derechos humanos Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz y Fundar continuarán con la representación en el caso Ayotzinapa.