En su último informe de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, afirmó que durante su gestión, que se extendió por casi tres años, el máximo tribunal del país enfrentó “uno de los contextos más complejos de su historia reciente”, y advirtió que el futuro del Poder Judicial de la Federación (PJF) dependerá de su autonomía.

En el documento, de 563 páginas, Piña dedica un capítulo de 16 fojas a destacar el legado de la reforma judicial de 1994, impulsada por Ernesto Zedillo, la cual dio origen a la Corte actual. No obstante, ese ciclo concluirá el primero de septiembre, con la entrada en vigor total de la reforma judicial de 2024, promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ministra subrayó que, además de la responsabilidad cotidiana de impartir justicia “con independencia, imparcialidad y eficiencia”, la Corte enfrentó “el desafío de una reforma de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial de la Federación”.

El informe –publicado ayer en la página oficial de la Corte– detalla que, pese a las limitaciones de tiempo y recursos, se cumplieron los objetivos planteados al inicio de la gestión, sin comprometer la calidad jurisdiccional. Entre los asuntos resueltos se incluyen temas de seguridad, derechos humanos, división de poderes y control constitucional, reafirmando el rol del tribunal como árbitro de la vida democrática del país.

Piña enmarcó este periodo en el contexto de la reforma constitucional de 1994, que redefinió al tribunal como órgano de control constitucional, redujo el número de ministros y fortaleció su papel en la defensa de los derechos humanos y el equilibrio entre poderes. Según la ministra, los efectos de esa transformación siguen vigentes, permitiendo contar con un tribunal con legitimidad democrática, capaz de responder a los desafíos de un país en constante cambio.

Finalmente, advirtió que el futuro del Poder Judicial dependerá de preservar los principios de autonomía, imparcialidad y respeto al estado de derecho. Concluyó que será la sociedad –y no el poder político– quien juzgue la solidez de las instituciones y el legado del modelo judicial inaugurado en 1994.

El próximo 26 de agosto, Piña ofrecerá un resumen del informe de gestión, y los presidentes de la primera y segunda salas, Loretta Ortiz Ahlf y Javier Laynez Potisek, presentarán sus respectivos informes, antes de que ambas salas desaparezcan el 31 de agosto como parte de la reforma constitucional en materia judicial.