En el caso de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) no ocurrirá lo que sucedió en otros procesos de quiebra, como en el de Mexicana de Aviación, en los que se dio preferencia a los socios deudores por encima de los derechos de los trabajadores, aseguró ayer el titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), Plácido Humberto Morales, en una reunión de la comisión especial del Senado para dar seguimiento al proceso de bancarrota de la acerera.

En el encuentro estuvo una representación de los obreros, quienes externaron su preocupación por las versiones de que la familia Ancira volverá a adquirir la siderúrgica a través de prestanombres.

Eso sería una burla y un golpe para todas las familias mineras, dijo Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa Laboral de los trabajadores de AHMSA, quien pidió que se realice un inventario preciso de cada uno de los activos de la empresa, que el avalúo sea el correcto y que no se venda a precio menor al de mercado. Demandó, además, que se tomen los últimos cinco años de cotización previos al inicio del concurso mercantil, para fijar las pensiones, y no el tiempo que lleva este último.

Morales solicitó a los ex empleados tener confianza en que el juicio concursal que se lleva a cabo se realiza de manera transparente. Recordó que se efectúa en el ámbito de la reforma al Poder Judicial, y que los jueces tienen autonomía jurisdiccional, pero también los ojos del Tribunal de Disciplina.

El titular de la Profedet sostuvo que los obreros están sujetos al juicio concursal, pero los derechos que ya tenían pueden prevalecer para que tengan una liquidación distinta.

Dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum no los dejaría solos. En su gobierno no ocurrirá lo que en otras quiebras, donde se dio preferencia a los socios deudores por encima de los derechos de los trabajadores, enfatizó.

Recordó así el caso de Mexicana de Aviación, a cuya planta laboral se le pagó apenas el año pasado, pese a que la quiebra se declaró en 2014.

Por lo demás, subrayó que es el juez quien resolverá el tema de las liquidaciones y no el síndico, quien habría pedido para el propietario 300 millones de pesos y para los asalariados 20 por ciento de lo que les correspondería.

Por su lado, el presidente de la comisión, Luis Fernando Salazar, recordó que se solicitó al juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles el acceso a la totalidad de las constancias del expediente; sin embargo, se negó a entregarlas en acatamiento a las disposiciones en materia de protección de datos personales.

No obstante, señaló que la juzgadora consideró pertinente notificar a la Profedet el listado completo de trabajadores con derecho al pago preferente por concepto de sueldos e indemnizaciones.

Por ello, el morenista dijo que la comisión estableció comunicación con la procuraduría para solicitarle su colaboración en tres áreas fundamentales: dar publicidad a la lista, brindar orientación jurídica a las personas afectadas a fin de atender dudas, aclaraciones o inconformidades relacionadas con esa relación o el proceso concursal, y establecer un canal de comunicación permanente con la instancia a su cargo.

En acatamiento a la resolución judicial, el procurador informó que se abocará al conocimiento de todas las personas que hayan prestado sus servicios en la siderúrgica.