n vísperas de la consulta popular de revocación de mandato de 2022, desde el entonces Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama plantearon que no sólo era democrático, sino viable, abstenerse y no participar en aquella inédita votación con la que se otorgó a la ciudadanía el poder decidir a mitad de un sexenio la continuidad, o no, de un presidente, y con ello dejar el precedente de una herramienta pacífica y democrática para que, tal como lo marca nuestra Constitución, todo poder dimane del pueblo.
Desde dentro del INE, en colusión con la oposición, se torpedeó el ejercicio desde sus inicios: complicaron la recolección de firmas para solicitar la consulta, luego intentaron invalidarlas y al no lograrlo extorsionaron con chantajes bajo el –nada creíble– argumento de no contar con recursos necesarios, lo que derivó en órdenes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se celebrara la consulta, algo que finalmente se logró, pero bajo el principio del mínimo esfuerzo y una completa nulidad de difusión acompañada por una campaña infodémica de desacreditación al ejercicio.
Antes del proceso electoral de 2024 las voces y plumas agoreras aseguraron que Andrés Manuel López Obrador buscaría la relección y hasta lo compararon con Hugo Chávez. Una vez más fallaron en sus vaticinios. El 2 de junio de aquel año la ciudadanía salió a votar y decidió, por amplia mayoría, la continuación de la Cuarta Transformación y con ello a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien, desde la campaña y a lo largo del territorio nacional, dio a conocer al país sus compromisos, acciones, políticas e iniciativas de reformas, entre ellas la electoral.
Los más de 35 millones de votos que obtuvo la presidenta Sheinbaum significaron la voluntad de la mayoría del pueblo de México por continuar con un proceso de transformación del país y el mandato popular de ejecutar las acciones políticas y reformas planteadas. No sólo sabían entonces los electores las implicaciones de la reforma electoral, sino que la ordenaron: diagnosticar el estado en el que se encuentra el actual modelo electoral y de partidos, y diseñar un nuevo sistema que ponga al frente la democracia y el pueblo.
Olvida la oposición que lo es por decisión soberana del pueblo y que ella misma se ha encargado de dirigir a sus organizaciones políticas al basurero. No aprendieron la lección. La reflexión es algo aún pendiente. Acusa falta de democracia desde una minoría democráticamente mandatada. Es tan lejana al sentir y pensar del pueblo que no se ha percatado de que ese mismo pueblo está harto de ella. En lugar de plantear cambios se victimiza hasta el ridículo; tanto, que culpa a la democracia por sus derrotas y acusa que la voluntad soberana es antidemocrática, que la participación ciudadana es acarreo, y que el fortalecimiento de la democracia, a través de una reforma que busca ponerla al frente, la hundiría.
La reducción de legisladores y una forma más democrática de designación de candidatos a ser representantes populares, la disminución del dinero que –desde nuestros bolsillos– se entrega a los partidos políticos –lo que abonaría a que dejen de ser negocios y que en lugar de continuar funcionando como rémoras del erario se enfoquen en llevar una actividad que responda al servicio público– son algunos pendientes, de muchos, necesarios en los tiempos actuales de México.
No es de extrañarse que una oposición que vive en el recuerdo de los abusos se escandalice con el progresismo de un proyecto que robustezca a la democracia sin excesos ni privilegios.
No sólo se debe participar en el chat de tías y tíos, la participación ciudadana no se limita a acudir a la urna para depositar ahí el voto. Póngase en contacto con su diputada o diputado, hágale saber cuál es su postura ante la reforma electoral, pídale que la lea y que vote en representación suya, no en la de su bancada u otros intereses particulares.
