En México hay 2.3 millones de jornaleros y jornaleras, pero esta cifra se incrementa hasta 5 millones o poco más porque salen con toda su familia, incluidos hijos o adultos mayores, señaló la Alianza Campo Justo con base en estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En conferencia de prensa, Susana Cruickshank, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, explicó que en el país hay más de 22 estados que tienen origen y destino para este sector, especialmente en Sinaloa, Sonora y Guerrero. Comentó que los trabajadores agrícolas, particularmente las mujeres, han estado excluidos históricamente de las políticas públicas del Estado.

Sobre los rezagos, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que el sector aún carece de acceso a los servicios a la salud, salarios justos, prestaciones laborales, transporte público seguro o a la educación. A esto se agrega la inseguridad o violencia generada por las organizaciones criminales, como sucede en Guerrero o Sinaloa, y resaltó que se carece de mecanismos de protección y existe un elevado estado de indefensión de las jornaleras.

El trabajo de la alianza se centra en la Montaña de Guerrero, de donde salen por año 12 mil trabajadores agrícolas, junto con sus familias, resaltó el especialista. También da seguimiento a este tipo de casos en las entidades de origen, especialmente Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz.

Como ejemplo, señaló que en la Montaña de Guerrero hay más 700 comunidades indígenas dedicadas a esta labor, pero la atención de los gobiernos se centra en las cabeceras municipales. Agregó que los programas federales destinados al campo no están adaptados a los jornaleros que salen de sus comunidades porque se requieren documentos que acrediten su residencia para acceder a ellos.

Isabel, jornalera de la Montaña, relató que ganan dos pesos por cubeta o caja recolectada, por lo que deben de laborar todo el día para ganar 200 o 300 pesos. Ante el incremento en los precios de los productos, confirmó que ese monto “no alcanza para nada”.

Frente a estos escenarios, Alejandra Haas, directora de Movilización Pública de Oxfam México, destacó que desde la alianza se exige una mejora en los ingresos de las mujeres jornaleras, más y mejores inspecciones en los centros de trabajo, cotización regular de semanas laborales, creación de un registro único de personas jornaleras, perspectiva de género en la atención a sus necesidades y seguros de riesgo de trabajo.