Hermosillo, Son., Once años después del derrame de tóxicos más devastador en la historia minera del país, provocado por Grupo México, de Germán Larrea, las comunidades asentadas en la cuenca del río Sonora aún cargan en su memoria con las secuelas de la tragedia ocurrida el 6 de agosto de 2014, cuando 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, en perjuicio de 22 mil habitantes de ocho municipios.

En ese periodo sólo se han realizado dos estudios clínicos oficiales sobre los niveles de contaminación en personas adultas, en cuyos organismos fue evidente la presencia de metales pesados, sin que se les haya dado seguimiento médico: el primero después del derrame, en 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el segundo en febrero de 2022, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En la gestión del tabasqueño, la Federación realizó el único análisis clínico coordinado por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El estudio incluyó exámenes de sangre y orina a 650 residentes de los ocho municipios afectados, con la finalidad de detectar exposición a metales pesados y riesgos a la salud derivados de la polución.

Autoridades ofrecieron entregar los resultados en marzo de ese mismo año, pero no hay evidencia pública de que se hayan compartido con los lugareños, ni que derivaran en atención médica.

Por ello, los Comités de Cuenca del Río Sonora afirmaron que el análisis quedó inconcluso y sin seguimiento, sin tener certeza del estado de salud de los habitantes, ni de los índices de enfermedades y decesos que han ocurridos en los últimos años en la rivera del cauce.

Vecinos de los ocho pueblos dañados con el derrame tóxico de Grupo México aseguraron que en el último año murieron tres de los líderes más visibles del movimiento en busca de la justicia ambiental, por afectaciones en órganos vitales, sin haber recibido atención médica especializada, pese a que padecían síntomas compatibles con afectaciones por metales pesados.

Se están yendo uno por uno, sin registros, sin tratamientos, sin verdad, advirtió Reina Castro Longoria, doctora en Oceanología y especialista en salud ambiental de la Universidad de Sonora.

El 26 de enero de 2024 falleció Norberto Bustamante López, líder de Huépac, a los 71 años. Fue uno de los fundadores de los Comités de Cuenca del Río Sonora y dedicó la última década de su vida a exigir justicia a Grupo México.

En febrero de 2025 Martha Patricia Velarde, referente en Baviácora y rostro constante en protestas, murió a los 67 años. Un mes después, el 24 de marzo, perdió la vida también Francisco Ramón Miranda Córdova, representante en Aconchi.

El 90 por ciento de las únicas muestras que se han realizado indicaron exposición a metales pesados, pero no hay atención médica, ni seguimiento especializado. Tampoco se ha evaluado a niñas, niños ni adolescentes. Los impactos en menores son una incógnita, expuso Castro Longoria.

La experta en la materia ha seguido el caso de la contaminación del río Sonora desde sus inicios, y sostiene que los metales pesados –plomo, arsénico, aluminio, cadmio y cobre, principalmente– afectan órganos vitales como el hígado, los riñones y los huesos, y ha generado una prevalencia preocupante de cáncer entre la población.

A pesar de que la afectación es evidente en la vida cotidiana –niños que abandonan la escuela por enfermedades, adultos que no reciben diagnóstico certero, agua que aún no es potable– no existe un plan que mida los riesgos ni los niveles de toxicidad en el ambiente, y mucho menos una infraestructura médica que atienda estos casos de forma integral, tal como lo han comprometido las tres administraciones federales que han gobernado a Sonora en los últimos 11 años.

En la actualidad, los Comités de Cuenca del Río Sonora –integrados por residentes de Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y zonas rurales de Hermosillo– mantienen viva una lucha que se ha prolongado más de una década, enfrentando impunidad, omisiones institucionales y el poderío de una de las corporaciones más influyentes del país.

En Cananea, Humberto de Hoyos Félix, integrante del Movimiento en Defensa del Agua, reprochó que la actividad minera no sólo ha contaminado el líquido, también ha secado pozos que por generaciones abastecieron a comunidades rurales.

Antes no teníamos problemas de agua. Pero cuando la mina comenzó a perforar pozos de 200 a 300 metros, los nuestros, que eran de 70 o 90 metros, se quedaron secos. Un mes después de que arrancaron con el bombeo, el agua desapareció, se quejó en entrevista.

La sobrexplotación de acuíferos es otra cara de la misma problemática. La polución, sumada a la apropiación de recursos hídricos, ha puesto en jaque a ganaderos, agricultores y familias que dependen del río para subsistir.

Mientras la población carga con el lastre de los efectos del desastre; la mina que lo provocó continúa operando y expandiéndose. En 2024, Grupo México reportó ingresos por 12 mil 400 millones de dólares a través de Southern Copper, su división minera. Aunque no se desglosa cuánto proviene de Buenavista del Cobre –el origen del derrame–, se estima que este venero genera cerca de 44 por ciento de la producción total de cobre de la empresa.

A pesar de que los Comités de Cuenca han ganado 15 juicios de amparo, han obtenido siete resoluciones judiciales, dos recomendaciones extrajudiciales y seis sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Grupo México sigue sin cumplir con la remediación. El gobierno federal tampoco ha exigido el cumplimiento de las sentencias.