Integrantes del crimen organizado, en colusión con un presunto grupo de trabajadores y autoridades de dependencias gubernamentales, operan para despojar de casas, terrenos y otros inmuebles a propietarios y posesionarios de tierras comunales y ejidales, denunciaron víctimas de esta red delictiva que actúa principalmente en Cuernavaca y otros municipios de Morelos. De acuerdo con la queja, en los recientes cinco meses hasta 30 bienes inmuebles han sido arrebatados a sus dueños mediante el mismo modus operandi.

Germán Gómez Cruz, abogado de Consuelo Vara Dávila, despojada el 15 de mayo pasado de un terreno comunal en el que construyó una cabaña en Santa María Ahuacatitlán, acusó que entre quienes podrían estar usando sus cargos para respaldar a los delincuentes organizados, se encuentran trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE); jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); abogados y notarios públicos; empleados del Tribunal Agrario (TA) número 18 y del ayuntamiento capitalino.

Apenas el 16 de julio, el secretario de Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, declaró que en Cuernavaca una organización criminal conocida como Los Mayas está implicada en despojos millonarios de propiedades. En esa ocasión le pidió a los ciudadanos que hayan sido víctimas de este ilícito presentar denuncias ante la FGE o la Fiscalía Anticorrupción.

Al preguntarle sobre si sabía que también había notarios y funcionarios, entre estos jueces, policías, autoridades municipales y magistrados involucrados en los despojos, respondió que a él no le tocaba decirlo, sino que la FGE o la Fiscalía Anticorrupción investigaran la posible colusión de alguna o de algún grupo de éstos.

La FGE, según Gómez, tiene mucho que ver aquí, la hacemos responsable, también a los gobiernos municipal (de Cuernavaca) y estatal, porque ellos están bien enterados de este tema, de la clase de despojos masivos y manera sistemática que están haciendo estas personas, recalcó el abogado.

Consuelo y su defensor narraron que desde hace 30 años ella tiene la posesión de dicho predio que mide 17 mil metros cuadrados y se ubica en el paraje El Capote de Santa María Ahuacatitlán, municipio de Cuernavaca, dentro del Área Natural Protegida Corredor Biológico Chichinautzin.

El terreno, que se localiza en inmediaciones de la carretera federal Cuernavaca-México, lo heredó de su padre Lucio Vara Lara, quien lo compró en 1994 a la comunera Lucía Lagarza, originaria de Santa María, que a la vez lo heredó de su padre comunero décadas atrás.

Recordó que sus familiares celebraban un cumpleaños en la cabaña rústica que construyó –la mayor parte del terreno sigue arbolado- cuando unas 60 personas, en su mayoría armadas, llegaron con dos abogados al frente, Fernando González Flores y Juan Raúl González, quienes se dijeron apoderados legales de Mónica Jaramillo Molina, quien aseveró que compró el inmueble a otros dos dueños que supuestamente existieron anteriormente.

Un día después de que la expulsaron de su propiedad, Consuelo interpuso una denuncia por despojo ante la FGE; los trabajadores que la atendieron no le recibieron su denuncia porque argumentaron que había una orden de un juez del TSJ.

Entonces la canalizaron a la Fiscalía Anticorrupción para que acusara por delincuencia organizada a todos los servidores públicos que mencionó y mostró en videos y fotos. El entonces fiscal Édgar Núñez Urquiza recibió su denuncia por abuso de autoridad y lo que resulte. Éste dejó el cargo en junio pasado.

Los abogados de los invasores mencionaron que ellos estaban en una diligencia para ejecutar una orden de restitución; la supuesta actuaria del juzgado de distrito no se identificó. Los denunciantes sostuvieron que nunca antes se les notificó de que existiera algún juicio contra este terreno. En la diligencia no le dieron copia a Consuelo.

La orden la emitió el juez de primera instancia del TSJ, con sede en Xochitepec, César Augusto Galán, pero esta carece de firma, sellos y logos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El mismo juez ha emitido más de 30 órdenes de restitución en terrenos comunales en ese pueblo, con el mismo modus operandi, un grupo de supuestos funcionarios, y delincuentes organizados, los sacan a punta de pistola y después ocupan la casa o terreno mediante delincuentes.

En esa ocasión se mencionaron unas escrituras que emitió el notario número 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado Castañeda; pese que este terreno es comunal y no existe la pequeña propiedad, según la Ley Agraria.

Los delincuentes de la mafia del gobierno y crimen organizado, reclamaron Consuelo y el abogado, se inventaron que el predio fue de Pablo Toledano en la década de los 80 del siglo pasado.

Además, fabricaron que Pablo hipotecó (en 1986) este terreno a Bancomer y que después, en remate, lo adquirieron la pareja Jonh Nielsen y Yolanda León Flores, y que éstos según se los vendieron a Mónica Jaramillo Molina, quien supuestamente le dio un poder a los abogados Fernando González y Juan Raúl González para reclamarlo.

En Bancomer, ahora BBVA, no hay un número de expediente de ese crédito, tampoco el remate está inscrito en el Registro Público de la Propiedad; en cuanto a la escritura, a la que tuvieron acceso después de ser sacados del terreno, Gómez se reunió con el notario número 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado, quien aceptó la realización de la escritura (1996) con los documentos que le llevaron; pero le aclaró, según Gómez, que a él no le toca investigar si esos documentos son reales o no, y se deslindó al decirle que si un juez le ordena que anule dicha escritura, así lo hará.

▲ El 15 de mayo, sujetos armados desalojaron a una persona de su vivienda en la comunidad de Santa María Ahuacatitlán, en Cuernavaca, Morelos.Foto La Jornada

Hasta hoy, ni Pablo ni el matrimonio Nielsen León y ni Mónica Jaramillo han aparecido pese a que se les está buscando. Crearon toda una historia falsa para simular como legal algo ilegal, subrayó el abogado.

Del 15 de mayo a la fecha, Consuelo no puede ni acercarse al predio porque está ocupado por hombres armados, quienes hacen disparos al aire a la menor provocación y, se presume, son integrantes de una organización criminal que opera en Cuernavaca.

El Tribunal Agrario 18, con sede en Morelos, empezando por el presidente, el magistrado Elías Vera Zúñiga, puntualizó el abogado de Consuelo, están también metidos porque cuando han ido allí, algunos trabajadores les dicen que por pendejos les quitaron la tierra.

Tanto Consuelo como su defensor temen por su vida por denunciar esta ilegalidad y enfrentar a esta red criminal, porque según sus dichos éstos podrían estar relacionados con el asesinato del comisariado de Bienes Comunales, Lucio Ruiz, cometido en enero de 2023.

En ese entonces transcendió que un grupo delictivo le había exigido duplicar documentos para despojar de terrenos a comuneros de ese pueblo, o posesionarios reales. Un mes después mataron al secretario de ese comité, Rogelio Hidalgo.

Ambos crímenes no han sido investigados por la FGE. Entonces estamos hablando de un grupo sumamente peligroso, dedicado a la delincuencia organizada y que cuenta con la protección de las autoridades, subrayó Germán.

Consuelo, ex síndica del municipio de Huitzilac, pidió apoyo de los comuneros de este poblado, pero tiene miedo por el tipo de delincuentes involucrados; adelantó que si no lo puede recuperar, que el terreno quede para el panteón de Santa María, pero no en manos de estos criminales (comunes y de cuello blanco) que operan en Cuernavaca.

Utilizan constancia falsa

Enrique Arzate Solorio compró en mayo de 2008 un terreno de 416 metros cuadrados al comunero Ignacio Gaspar Flores en el paraje Lomas del Ajonjolinar de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en San Antón, Cuernavaca, en los límites con Temixco.

Los comuneros de esa zona, en ese tiempo dedicado a cultivos, le expidieron su cesión de derechos, luego hizo la mampostería y una cisterna y lo visitaba frecuentemente; sin embargo, en mayo de 2019 su predio fue invadido por Salvador Estrada Morales, quien incluso edificó la barda de enfrente y le colocó un portón que cerró para que el verdadero dueño ya no pudiera entrar; Salvador sólo cuenta con una constancia falsa, acusó Arzate Solorio.

Ante esta situación, demandó a Salvador ante la FGE por despojo el 22 de julio de 2019 y seis años después no ha avanzado su caso, ya que Salvador se ampara en un político local llamado Jesús Morales González –acusado reiteradamente de vender y revender lotes en área comunal–, además de que el despojador contrató como su abogado a Omar Alexander López Ortiz, presidente de la asociación de ex agentes del Ministerio Público de la FGE.

Por la defensa legal que en su caso hizo la abogada Elena Medina Vargas, en mayo pasado, después de tantos años, se realizó una audiencia de formulación de imputación, y la vinculación a proceso, pero Salvador no fue vinculado, porque su abogado y ex agente del Ministerio Público de la FGE (Alexander), se valió de sus nexos con los jueces y ministerios públicos, se quejó Arzate.

Recordó que en la diligencia pidió cotejar la constancia falsa de Salvador, pero el juez César Augusto Galán Delgado le respondió que él no era autoridad competente para saberlo. El juzgador llegó al cargo en octubre de 2024 y ha sido señalado de ser amigo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Gamboa Olea.

Luchador social, afectado

Mauricio Franco Sánchez, comunero de la localidad indígena de Santa Catarina, Tepoztlán, municipio colindante con Cuernavaca, denunció que la FGE no le ha aceptado una denuncia por despojo que ha tratado de interponer contra José Lucero Reyes Eutiquio Delfino, porque según la agente del Ministerio Público de la FGE, Karla Cervantes López, el acusado aún no edifica ni vive ahí, por lo que aún no se configura el delito de despojo.

Las dos hectáreas de cultivo comunales de Mauricio están ubicadas en el paraje Milpillas, en los límites con Cuernavaca, y él las tiene en posesión desde hace casi 30 años, antes fue su padre y anteriormente su abuelo.

A ese terreno llegaron personas armadas; primero trataron de extorsionarlo en 2014, le pidieron 500 mil pesos para no meterse con sus tierras. Pero al no darles esa cantidad, con el paso de los años se metieron y hasta cercaron.

Al acudir de nuevo ante la FGE en mayo pasado, porque los despojadores ya no quieren que se metan a trabajar las tierras ni que encierren animales, la respuesta de estos delincuentes fue un intento de homicidio contra uno de los hijos de Mauricio en Santa Catarina ese mismo mes.

Mauricio fue presidente de Bienes Comunales de su pueblo en los 90 y defendió, en 1994, el Texcal, cuando comenzaron a construirse los primeros edificios de una unidad habitacional en esa área natural protegida.

Fue preso político 18 meses en una cárcel estatal por supuestos delitos cometidos por defender su territorio como presidente de Bienes Comunales. Y salió libre, según José Martínez Cruz, por un dictamen étnico que elaboró el Instituto Nacional de Antropología e Historia.