Ante una eventual reforma legal, es necesario reglamentar los criterios de los comités de evaluación de la elección judicial para declarar una candidatura elegible, dijo Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la metodología que el INE creó para revisar los expedientes de los ganadores de la elección judicial, la consejera dejó en claro que la actuación del organismo se basó en una jurisprudencia de la sala superior.

Ese lineamiento señala que hay dos momentos para la revisión de los requisitos: cuando se registran los candidatos y antes de otorgar las constancias de mayoría.

“Y eso fue lo que hicimos”, indicó Humphrey, una de las consejeras más activas en cuanto al análisis de documentos, quien halló cerca de 100 casos de candidatos que no cumplían con los requisitos de promedio académico.

Aparte del tema de las calificaciones, en que se requería promedio mínimo de 8 en la carrera y de 9 para la especialidad a la que aspiraban los candidatos, el INE hizo una investigación para determinar que los ganadores no tuvieran antecedentes en hechos violentos, no fueran morosos en el pago de pensiones alimentarias ni se hallaran prófugos de la justicia.

Así, se pusieron al descubierto circunstancias que los comités de evaluación no reportaron; al final, con criterios propios, el INE determinó que 46 personas no cumplían con los requisitos de elegibilidad: 45 por los promedios académicos y una más que estaba en prisión preventiva, donde enfrenta una acusación de abuso sexual a un menor.

Después, la sala superior revocó los acuerdos y ordenó que se dé la constancia de mayoría a 15 de ellos.

La consejera Humphrey dijo que no está de acuerdo con la resolución del TEPJF. “Hicimos una metodología, se aplicó de manera uniforme a todas las candidaturas y resolvimos en consecuencia. Esta es un área de oportunidad si hay una reforma para elegir a personas juzgadoras”.

Dijo que el trabajo del INE fue importante porque los comités no dieron a conocer la metodología a partir de la cual otorgaron el registro a los aspirantes, por lo que el INE adoptó un sistema para no afectar los derechos de nadie.