Washington. El presidente Donald Trump materializó sus amenazas contra Brasil tras anunciar ayer un nuevo paquete arancelario al país latinoamericano como instrumento de presión a través de la imposición de una tarifa adicional de 40 por ciento, así como nuevas restricciones contra el juez Alexandre de Moraes, encargado del caso del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por golpismo.

El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió defender a su país ante la amenaza de Estados Unidos y aseguró que preside una nación soberana y democrática, que respeta los derechos humanos y la independencia entre los poderes, defiende el multilateralismo y la convivencia armónica, al tiempo que calificó de injustificable el uso de argumentos políticos para validar las medidas comerciales anunciadas por la administración Trump.

Horas antes, el mandatario estadunidense firmó una orden ejecutiva para elevar la tarifa arancelaria a 50 por ciento, cifra con que había amenazado a Lula. Trump justificó la acción al asegurar que las políticas brasileñas y el enjuiciamiento penal de Bolsonaro constituyen una emergencia económica para Washington bajo una ley de 1977.

Dicha disposición legal establece que el presidente está autorizado a declarar un estado de emergencia nacional cuando existe una amenaza inusual y extraordinaria que provenga del extranjero y que ponga en peligro la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos, de acuerdo con información publicada en la página web del Congreso estadunidense.

La orden aplicará un arancel adicional de 40 por ciento sobre una base de 10 por ciento que ya había sido impuesto por Washington. Pero no todos los bienes importados de Brasil enfrentarían el arancel; aeronaves civiles y partes de repuesto, aluminio, estaño, pulpa de madera, productos energéticos y fertilizantes están entre los artículos excluidos.

Donald Trump había amenazado con los aranceles el 9 de julio pasado en una misiva enviada a su par brasileño. Sin embargo, la base legal de esa amenaza fue una orden ejecutiva anterior basada en los desequilibrios comerciales, aun cuando Estados Unidos tuvo un superávit de 6 mil 800 millones de dólares el año pasado con Brasil, según la Oficina del Censo.

Bessent: sanciones a De Moraes

El Departamento del Tesoro estadunidense, por otra parte, anunció nuevas medidas contra Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal encargado de supervisar el caso contra Bolsonaro, acusado de orquestar una trama golpista para permanecer en el poder tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula da Silva.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que De Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados, incluso contra el ex presidente Jair Bolsonaro. La disposición ordenó la congelación de cualquier activo o propiedad que De Moraes pueda tener en Estados Unidos.

Las sanciones fueron impuestas en virtud de una ley estadunidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.

▲ Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump (arriba), ayer en la Casa Blanca, y el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el lunes en el Palacio de Planalto, en Brasilia.Foto Ap y Xinhua

Trump parece identificarse con Bolsonaro, con quien comparte un escenario similar después de ser enjuiciado en 2023 por sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por su antecesor demócrata, Joe Biden.

Lula lamentó que las sanciones contra De Moraes estén motivadas por la acción de políticos brasileños que traicionan a nuestra patria y a nuestro pueblo en defensa de los propios intereses, en referencia al ex diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente ultraliberal, quien desde hace meses presiona a Washington para que castigue al juez y al país.

El mandatario brasileño también respondió a las acusaciones de la Casa Blanca en las que aseguró que Brasil acorrala a las grandes empresas tecnológicas estadunidenses por intentar regular el contenido en las redes sociales y afirmó que su país rechaza los contenidos de odio, el racismo, la pornografía infantil, los fraudes y los discursos contra los derechos humanos y la democracia.

En 2024 De Moraes bloqueó de manera temporal la red social X en Brasil hasta que la plataforma cumpliera la orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación. Con posterioridad, suspendió también Rumble, plataforma digital popular entre los conservadores y la extrema derecha, la cual se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir contenido de odio.

Por su parte, el presidente republicano sostiene que funcionarios brasileños han tomado medidas sin precedente para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadunidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios connacionales o modifiquen sus políticas de moderación de contenido.

La persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados del gobierno de Brasil contra Bolsonaro y miles de sus seguidores son graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil, acusó Washington.

Mientras, el Tribunal Supremo Federal de Brasil respaldó a De Moraes y afirmó que el organismo no se desviará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país, que aseguran a todos los involucrados el debido proceso legal y un proceso justo, señaló en un comunicado.

En tanto, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, aseguró que el país latinoamericano se reserva el derecho a responder a las medidas impuestas por Washington, luego de reunirse con el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio.

En breve declaración, Vieira afirmó que el Poder Judicial de Brasil es independiente y que no se entregará ante presiones externas, pero aseguró que se mantendrá el diálogo entre las partes para solucionar los problemas bilaterales.