a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, en materia del combate al trasiego de drogas entre México y Estados Unidos, cada país debe atender su responsabilidad para disminuir violencia, consumo y delitos
. En particular, la mandataria destacó que de este lado del río Bravo se ha cumplido con el desmantelamiento de narcolaboratorios y otras acciones contra el crimen organizado, pero allende la frontera alguien distribuye la droga, la vende y realiza operaciones de lavado de dinero
.
En sus breves declaraciones al respecto, exhibió uno de los pendientes históricos de la guerra contra las drogas
en la que Washington se embarcó hace medio siglo y a la que ha arrastrado por las buenas o por las malas al resto del planeta: debido al enfoque policial y militarista de su política contra los estupefacientes, la prevención y el tratamiento de las adicciones son, en términos prácticos, inexistentes dentro del país donde más se abusa de sustancias ilícitas. Asimismo, aunque la presidenta Sheinbaum no abundó en este aspecto, es inocultable que el combate a la distribución se ha centrado en el último eslabón de la cadena, los narcomenudistas, que tienden a ser también usuarios y que por lo general provienen de los sectores más marginados de la población.
De este modo, más que una estrategia contra la criminalidad, los gobiernos estadunidenses llevan décadas embarcados en una criminalización sistemática de la pobreza en la que parecieran no existir grandes fortunas detrás de un negocio multimillonario, sino sólo pequeños delincuentes aislados.
A estos inexplicables descuidos por parte de un Estado que otorga a la política antinarcóticos la máxima prioridad en la agenda pública deben añadirse las extraordinarias facilidades para el lavado de dinero garantizadas por un sistema financiero y un marco regulatorio que da vía libre y anónima a los movimientos de grandes capitales. Lo anterior no lo dicen medios ni agencias hostiles a Washington, sino su propio Departamento del Tesoro, el cual estima que 300 mil millones de dólares son lavados cada año en el país.
En diciembre de 2021, la entonces secretaria del Tesoro, Janet Yellen, admitió que ahora mismo, el mejor lugar para ocultar y blanquear las ganancias indebidas es en realidad Estados Unidos; y eso se debe a la forma en que permitimos que la gente establezca empresas ficticias, sin revelar quién es el verdadero propietario
.
Hay más. La Casa Blanca y los órganos de inteligencia estadunidenses son deliberadamente omisos en el control, rastreo y decomiso de los centenares de miles de armas de fuego que permiten a los cárteles amedrentar a la población civil y desafiar a las autoridades en México y el resto de las naciones de producción o tránsito de drogas. Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha tenido una complicidad criminal con las grandes compañías farmacéuticas que desencadenaron la actual epidemia de consumo y sobredosis de opioides al comercializar y publicitar fármacos altamente adictivos como si se tratase de sustancias inofensivas.
Por último, la pretendida guerra contra las drogas de Washington se encuentra desacreditada por su uso como instrumento de chantaje en política exterior, mediante el cual la Casa Blanca expide o retira certificaciones
de acuerdo con sus intereses económicos y geopolíticos. Hoy ningún observador honesto puede dudar de que las acusaciones de narcotráfico que la clase política estadunidense acompaña de golpeteo mediático, financiero e incluso bélico, se lanzan o retiran según el nivel de afinidad ideológica de los gobernantes con la superpotencia y el afán de control de ésta sobre recursos naturales ajenos de valor económico o estratégico.
En suma, Washington carece de autoridad moral para exigir a México o cualquier otro país que adopte determinadas medidas en el combate al narcotráfico y otras modalidades del crimen organizado. Por el contrario, tiene mucho que hacer en su propio territorio antes de repartir responsabilidades y arrogarse la facultad de evaluar el desempeño de terceros.