ía tras día, contemplamos con terror e impotencia la tragedia del pueblo palestino. De pronto, sin embargo, aparecen personas excepcionales que reavivan la esperanza. Es el caso de Francesca Albanese, jurista italiana y relatora especial de la ONU desde 2022 para la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

Pese a que Israel le impide ingresar al país, Albanese conoce bien la región que habitó tantos años en Medio Oriente. Académica del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown, es autora de Palestinian Refugees in International Law (Oxford University Press, 2020), estudio de referencia en el derecho internacional humanitario y la rendición de cuentas sobre refugiados palestinos.

La relatora no es una extremista: su postura, moderada al comienzo, ha ido evolucionando. En J’Accuse (Fuori Scena, noviembre de 2023), condenó el ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre, denunció vigorosamente el régimen de apartheid y señaló que, según el derecho internacional, los pueblos oprimidos tienen derecho a resistir. Aseveró que no puede haber paz en Medio Oriente mientras no se enjuicien los crímenes cometidos por Israel y prosiga la ocupación ilegal de los territorios palestinos. Y advirtió que el Estado judío estaba preparando un genocidio. Estamos en noviembre de 2023.

Meses después, en marzo de 2024, denunció que la maquinaria ya estaba en marcha. En un memorable discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusó a Israel de haber matado a 30 mil civiles palestinos, entre ellos 13 mil niños, empleando un arsenal aterrador en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Hoy, las víctimas civiles son por lo menos 60 mil, en gran parte mujeres y niños, aunque la relatora señala que podrían alcanzar 300 mil si se incluyen las muertes indirectas por falta de atención médica, desnutrición, etcétera. Por si fuera poco hay, por lo menos, 300 mil lisiados.

¿Cuántos víctimas más se necesitan? Albanese explica que un genocidio no tiene que ver necesariamente con el nú-mero de muertos. En la Convención pa-ra la Prevención y la Sanción del Delito deGenocidio de 1948 se define como cualquier acción perpetrada con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal. Estos abarcan: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

Es difícil negar que Israel ha cometido todos y cada uno de estos crímenes. Por lo demás –sigue la relatora–, un genocidio no es nunca un acto aislado, sino un proceso continuo que incluye un conjunto de acciones relacionadas entre sí. Con una particularidad: en el caso de Israel, su gobierno ni siquiera lo oculta, sino que grita a los cuatro vientos que al final de la guerra no quedará ni un palestino.

De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, es el título del más reciente informe de Albanese (surl.lu/aqinsn), 38 páginas que marcan un hito en la jurisprudencia internacional. Según la relatora, a partir de octubre de 2023, las tecnologías de segregación y apartheid utilizadas durante la ocupación se convirtieron en herramientas para acabar con la población palestina. La denuncia no deja lugar a dudas: se forjó una alianza criminal entre corporaciones multinacionales, el Estado judío e, incluso, instituciones educativas, para arrasar el paisaje urbano de Gaza.

La lista incluye a gigantes de la economía mundial: BlackRock, Google, Amazon, Microsoft, IBM, HP, Chevron, Caterpillar, Volvo, Hyundai, Lockheed Martin, Booking, Airbnb, junto a empresas israelíes: Elbit, de armas; Nso, dueña de Pegasus; Project Nimbus Consortium; Mekorot, agua; así como el Instituto Tecnológico de Massachusetts y las universidades Técnica de Munich, la de Edimburgo y la Ben-Gurión del Néguev.

El resultado es un sistema altamente sofisticado que produce bombas, aviones de combate, drones, bulldozer, casas-habitación, acueductos (para robar agua) e instalaciones turísticas en los territorios ocupados. A lo cual hay que añadir dispositivos para el control de multitudes, vigilancia, reconocimiento facial y asesinatos selectivos, todo por medio de la inteligencia artificial. Sin esta maquinaria bien aceitada, el holocausto palestino ya se hubiera detenido. Pero hay un problema: en tiempos de guerra, las armas se venden bien y aun mejor si llevan estampada la etiqueta tested in Palestina (probado en Palestina). Los números son elocuentes: desde octubre de 2023, la Bolsa de Tel Aviv ha subido 179 por ciento, con la astronómica ganancia de 157.9 mil millones de dólares.

Albanese solicitó el embargo total de armas a Israel y juicio penal contra las entidades corporativas y los ejecutivos involucrados en el genocidio, lo cual está creando un escándalo internacional. El riesgo para la industria de la muerte es real, especialmente a la luz de los procedimientos iniciados por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Y mientras Donald Trump anuncia que impondrá sanciones contra la relatora, la eurodiputada eslovena Matja Nemec la propone de candidata a premio Nobel de la paz por ser la voz principal que denuncia los horrores contra el pueblo palestino. ¿Qué sigue? Pase lo que pase, Albanese ha regalado a la sociedad civil internacional nuevas armas para implementar el BDS (boicot, desinversiones y sanciones) y exigir acciones diplomáticas, económicas y legales contra los responsables del genocidio.

* UACM, San Lorenzo Tezonco