Nueva York y Washington. Los estadunidenses están viviendo bajo un gobierno remodelado que cada día se parece menos al que administró el poder durante las últimas décadas, debido a los cambios estructurales impulsados por Donald Trump.

La decisión de la Suprema Corte, que ayer otorgó al gobierno de Trump permiso para realizar despidos masivos y reorganizar la burocracia federal, aunada al triunfo legislativo del enorme proyecto impulsado por el mandatario la semana pasada, son sólo dos de las maniobras legislativas y judiciales y del uso de tácticas de intimidación y amenaza contra cualquier institución, organización o personas que se atrevan a desafiar sus iniciativas, que están cambiando el poder político estadunidense.

Los republicanos no sólo han violado las reglas por Trump; quemaron el libro de reglas, acusó Jesse Ferguson, crítico del presidente en entrevista con The Washington Post. El veterano reportero Charlie Savage escribió en The New York Times que Trump, con la confrontación como estilo de política presidencial, ha lanzado un asalto a los contrapesos a su autoridad: atacando a jueces, limitando el papel del Congreso en la toma de decisiones sobre impuestos y gastos, aplastando límites internos sobre el Poder Ejecutivo y usando las palancas del gobierno para intentar obligar por la fuerza a que centros de poder externos, como bufetes de abogados y universidades, se sometan a su voluntad.

Ejemplo de lo anterior es la megaley promulgada por Trump la semana pasada, que incluye un incremento sin precedente al presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ahora tendrá más recursos que el gasto militar de Israel, Brasil o México, según un análisis de la clasificación Global Fire Power.

Esta ley dispara el presupuesto del ICE a niveles jamás vistos y la convertirá en la agencia federal de seguridad pública más grande del país, comentó Silky Shah, directora del Detention Watch Network. De hecho, su presupuesto será superior a los de la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Prisiones y otras agencias federales de seguridad pública, y su propósito es llevar a cabo la ofensiva antimigrante de Trump.

El intento de ampliar el Poder Ejecutivo a todo el gobierno federal, lo que en esencia anula el equilibro con los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, así como el sistema de contrapesos y límites estipulados por la Constitución, se inició con esta presidencia. Entre las primeras órdenes ejecutivas de Trump ese día hubo una que anulaba el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento en este país. El gobierno de Trump ha ordenado que si los padres inmigrantes de un niño nacido en Estados Unidos son indocumentados o su presencia en el país es temporal, no será reconocido como ciudadano.

Jueces locales, acotados

La orden desató condenas de inmediato y funcionarios públicos liberales solicitaron que los tribunales frenaran esta orden, algo que varios jueces regionales hicieron. Las resoluciones señalan que la medida no debía ser aplicada hasta que el Poder Judicial valorara la constitucionalidad de un derecho reconocido durante los últimos 150 años. La Suprema Corte no ha fallado sobre la constitucionalidad de ese derecho, parte de la Decimocuarta Enmienda, que señala que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de Estados Unidos.

Sin embargo, la Suprema Corte sí limitó a los tribunales federales inferiores para que sus órdenes sean aplicables sólo a las jurisdicciones donde operan, lo que anuló órdenes judiciales nacionales. Por tanto, si no hay más disputas legales, a partir del 27 de julio los niños de padres indocumentados y de personas visitantes que nacen en Estados Unidos no serán reconocidos como ciudadanos en 28 de los 50 estados.

En su esfuerzo por remodelar el gobierno federal, Trump y sus asesores se percataron durante su primer periodo en la presidencia de que el sistema judicial era el principal obstáculo para la implementación de su agenda. Por ello, además del intenso esfuerzo para colocar a jueces federales fieles al presidente en todos los niveles, la Casa Blanca también atacó a abogados que han participado en demandas contra el mandatario o en campañas de opositores, amenazando con suspender las autorizaciones que necesitan para representar a clientes empresariales en Washington. Después negoció con ellos exigiendo que prestaran servicios legales gratuitos al gobierno de Trump y que rechazaran casos contra el mandatario. Sim embargo, varios bufetes rehusaron someterse y llevaron al gobierno ante tribunales, donde ganaron juicios que prohibían a la Casa Blanca recurrir a esta maniobra.

Universidades sometidas con amenazas de asfixia

La Casa Blanca está usando su control sobre miles de millones de dólares en fondos federales para investigaciones a fin de castigar a varias universidades que han promovido políticas de diversidad e inclusión declaradas inaceptables por este gobierno, o que no han hecho lo suficiente para castigar a estudiantes y profesores que se han manifestado o expresado oposición a la guerra de Israel contra palestinos, algo tramposamente calificado de antisemitismo por el gobierno.

La Universidad Harvard ha perdido casi 6 mil millones en fondos federales para investigaciones científicas y sociales, y sigue intentando negociar, aunque ha rehusado ceder a las condiciones de Trump para recuperar esos fondos y obtener más en el futuro. La Universidad de Columbia acepto casi de inmediato poner varios de sus centros y programas académicos bajo supervisión federal, expulsar o suspender a algunos estudiantes y hasta haber permitido, si no es que colaborado, para entregar a un estudiante de posgrado a agentes del ICE. Más recientemente, la Casa Blanca obligó a que el rector de la histórica Universidad de Virginia renunciara como condición para evitar castigos.

Otra orden ejecutiva podría implicar la suspensión de asistencia federal –ya aprobada por el Congreso– a unas 300 jurisdicciones en el país que han aprobado leyes y órdenes locales que prohíben que la policía colabore con el ICE en redadas y detenciones de inmigrantes. Suspender o anular asistencia federal aprobada por el Congreso es ilegal, de acuerdo con una ley aprobada en la década de 1970, pero la Casa Blanca está intentando que la Suprema Corte determine que esa ley es inconstitucional.

El patrón está claro: el gobierno de Trump emite una orden, se presentan demandas en contra y los tribunales tienen que decidir. Pero cada vez con mayor frecuencia, con una Suprema Corte compuesta por seis jueces instalados por republicanos y tres por demócratas, el juego no es imparcial. Mientras, no cesan los ataques del gobierno y sus aliados contra jueces de todos los niveles que se atreven a fallar en contra de Trump y su equipo.

Hasta la fecha, tribunales regionales han emitido unos 194 fallos por que han pausado algunas de las iniciativas del Ejecutivo.

Por ahora, el gobierno de Trump, con la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso y con una Corte Suprema cada vez más alineada, está avanzando con una de las transformaciones del poder político más drásticas de la historia moderna de este país.