Alvarado. Diez personas relacionadas con un tiroteo fueron arrestadas fuera de un centro de detención de inmigrantes en Alvarado, Texas, luego de que un policía resultó herido y personas con uniformes negros estilo militar dispararon contra autoridades, en una emboscada planificada, afirmó ayer una fiscal estadunidense.

Antes del enfrentamiento, el grupo armado lanzó fuegos artificiales y dañó autos y una estructura de guardia. También escribió palabras como traidor y cerdo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).

Al respecto, la fiscal del distrito norte de Texas, Nancy Larson, aseguró durante una conferencia de prensa que todo parecía estar diseñado para atraer al personal del ICE fuera de la instalación, y funcionó.

Dos oficiales desarmados salieron del centro de detención para hablar con el grupo. En algún momento, un policía de Alvarado llegó y fue baleado por alguien que estaba en un bosque cercano, declaró Larson. El departamento de policía del condado de Johnson informó que el oficial ya fue dado de alta luego de haber sufrido una herida en el cuello.

Otras búsquedas realizadas en Alvarado llevaron al hallazgo de máscaras, gafas, guantes tácticos, chalecos antibalas, armas, pintura en aerosol y fuegos artificiales, añadió Larson, quien aseveró que fue una emboscada planificada con la intención de asesinar a elementos del ICE.

EU, responsable de reos enviados a El Salvador

Autoridades de El Salvador afirmaron a un grupo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que Estados Unidos tiene la jurisdicción y la responsabilidad legal de los 238 venezolanos y 23 salvadoreños migrantes que fueron expulsados a una cárcel de dicho país en marzo pasado bajo acusación de ser pandilleros.

A su vez, 11 expertos de la ONU criticaron que Estados Unidos haya reanudado la deportación de migrantes a terceros países como Sudán del Sur, afectado por la guerra. Subrayaron la obligación de garantizar que no se les envíe adonde corran peligro y alertaron sobre las implicaciones de la reciente autorización de la Suprema Corte al gobierno para continuar con las expulsiones de extranjeros a otros países.