Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y quien dejó de aparecer en los registros de la Agencia Federal de Prisiones estadunidense (BOP, por sus siglas en inglés), está libre y reside en el noreste de ese país, de acuerdo con Los Angeles Times.

El medio señala que “El Diablo (como era apodado) sabía dónde estaban enterrados los cuerpos (productos de crímenes por narcotráfico), conocimiento que repitió incansablemente a sus contactos en Estados Unidos. Cuando testificó contra un narcopolítico mexicano aún más importante, consiguió una carta blanca para salir de la cárcel, incluso antes de cumplir la mitad de su condena de 20 años en el país. Fue liberado de prisión en febrero y actualmente reside en el noreste”.

El ex fiscal, quien se desempeñó en el cargo entre 2012 y 2017, fue arrestado en marzo de 2017 en San Diego, California, cuando intentaba cruzar desde Tijuana. Estuvo arrestado en la prisión federal de Ashland, Kentucky, y en 2019 se declaró culpable de recibir sobornos para permitir el tráfico de drogas en Nayarit; fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos.

Empero, en 2024 su sentencia fue reducida a 10 años, tras su colaboración como testigo en el caso contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Veytia fue liberado en febrero de 2025, aunque la fecha estaba fijada para el 3 de octubre.

En meses recientes cinco familias de Nayarit interpusieron una demanda civil en Washington contra el ex funcionario, por torturas cometidas por él mismo y agentes del estado bajo su mando.

Acusado de tortura

Como informó La Jornada en marzo pasado, la demanda fue presentada ante un tribunal federal de Estados Unidos y se ampara bajo la Ley para la Protección de Víctimas de Tortura, que permite a estas últimas interponer acciones legales en tribunales de ese país, con independencia de dónde ocurrieron los hechos. Los demandantes, quienes sufrieron vejaciones al estar bajo custodia de agentes policiales y de seguridad, buscan que se reconozca la responsabilidad de Veytia en esos crímenes. Aseguran que en algunos casos el ex fiscal participó directamente en los abusos.

Los afectados son representados por G37 Centre, una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, en colaboración con la firma internacional de abogados Baker McKenzie que actúa pro bono, así como la clínica jurídica de la Universidad de California en Irvine.