El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer las conclusiones y recomendaciones al gobierno de México en torno a la situación que vive la población femenina. Reconoció los avances en reformas constitucionales y legales llevadas a cabo desde 2019 y hasta la fecha para garantizar el reconocimiento de sus derechos, el diseño de estrategias con perspectiva de género y la erradicación de la violencia hacia este sector.

También advierte sobre un cúmulo de pendientes, como la inclusión de organizaciones civiles en el diseño y aplicación de políticas públicas. Señaló que la reciente elección de jueces, magistrados y ministros sería insuficiente para asegurar que los asuntos se abordarán desde un enfoque feminista.

Instan a proteger a periodistas y buscadoras

Indicó que debe haber salvaguardias para preservar la independencia judicial, lo que incluye la mejora de los requisitos mínimos para los candidatos y su capacidad de acoger los casos con visión de género, sobre todo si se trata de feminicidios, esterilización y desaparición forzada de mujeres. Asimismo, que se les capacite en derechos humanos e incluir a indígenas, afromexicanas, in-tegrantes de la diversidad sexual y personas con discapacidad.

Luego de las audiencias de junio pasado, cuando el Estado mexicano presentó un informe sobre las acciones emprendidas en la materia, el Cedaw reconoció los desafíos por el crimen organizado, pero ve con preocupación la creciente participación del Ejército en la seguridad pública y otras áreas, lo que da lugar a un aumento de las denuncias de violencia contra las mujeres cometida por dichas fuerzas.

En un documento extenso, el comité aborda todos los aspectos involucrados en la violencia de género y uno en particular sobre las periodistas, defensoras de derechos humanos y buscadoras que son víctimas de una escalada de agresiones, desapariciones y asesinatos.

Recomendó fortalecer el mecanismo de protección para estos grupos, proporcionar el financiamiento adecuado y una coordinación efectiva con las instituciones federales y estatales.

Asimismo, planteó la necesidad de que se investiguen rápido, de manera exhaustiva e imparcial dichos ataques. Sobre las buscadoras, el comité está alarmado porque su labor no se reconoce como defensa de los derechos humanos, lo cual crea obstáculos a los mecanismos de protección, a pesar de las iniciativas de verdad y justicia.

Otros asuntos abordados en el informe tienen que ver con la situación de las trabajadoras sexuales, las mujeres que viven con discapacidad, el acceso a los servicios de salud y educación, entre otros.

De igual manera se refiere a los casos de agresiones domésticas que llegan a los juzgados, de madres que padecen violencia vicaria, pueden perder la custodia de sus hijos y éstos son usados para perpetuar el abuso contra ellas.

A lo anterior se agregan las reduc-ciones presupuestarias para ser-vicios de protección esenciales, incluidos refugios y centros de justi-cia, que siguen siendo en gran medida inaccesibles a quienes sufren discapacidad o viven en zonas alejadas.