Impunidad, el mal de males
in duda el episodio de violencia vivido el fin de semana pasado en las colonias Condesa y Roma son un asunto para añadir a la reflexión sobre una posible reforma política que vaya más allá de la electoral, que seguramente sucederá.
El uso de la problemática que afecta a ciertos grupos en la ciudad, para realizar actos de protesta en las calles, es un derecho que no debe perderse; su valor en el trabajo gubernamental para mejorar las condiciones de convivencia pacífica es fundamental, por ello su ejercicio tiene que considerarse como parte del diálogo necesario entre la administración y la población.
Pero cuando ese derecho es pervertido por intereses que pretenden crear caos, mediante actos de violencia para favorecer intenciones políticas que no sirvieron para convencer al ciudadano en lo electoral, el asunto se vuelve algo más que una manifestación que busca el remedio a algún mal urbano, se convierte en una expresión de odio político que pretende descalificar, mediante el caos y la violación de la ley, el proyecto de cambio que plantea la 4T.
Para quienes iniciaron lo que en muchas partes se calificó como protesta, jóvenes que se identificaron como miembros de organizaciones de pueblos originarios y que hicieron uso de la voz, era necesario hacer del conocimiento de quienes ocupaban en aquellos momentos el Foro Lindbergh su rechazo a la pasividad con la que el gobierno contempla la problemática de la gentrificación, y luego de los discursos, el ataque contra el foro –un lugar de descanso para ancianos y niños, principalmente–, al que dejaron lleno de pintas xenófobas, entre otras.
Los discursos no parecían ser el botón que desencadenara la furia (¿pagada?), que sirvió de pretexto para crear dos o tres horas de caos y con el que lograron llamar la atención de los medios, cosa que lograron porque era imposible callar frente a la estela de impunidad que se ha creado en torno a esos que violentan las marchas.
No parece creíble que después de muchos actos de violencia, a veces extrema, los servicios de inteligencia no tengan identificados a los actores del caos y a sus patrones; es decir, a quienes pagan la indumentaria y los instrumentos de ataque que usan. ¿De verdad no saben quiénes son o no quieren hacernos saber de quiénes se trata para impedir una reacción de mayores proporciones? Pocos son los grupos sociales que podrían desatar algo así.
Ojalá en las filas del gobierno se esté considerando mandar un buen mensaje de autoridad para romper con la idea de que ellos, esos que atacan con violencia física, son el ejemplo de impunidad. Seguramente hay entes políticos detrás de los violentos. Tal vez son esos que no pueden dar la cara como una verdadera oposición política, pero que actúan como tales. Esos son los verdaderos encapuchados que usan a las organizaciones sociales para cumplir con sus fines.
Ahí también deberá establecerse un orden político que no limite, que no condene, que no reprima, pero que haga valer la ley para que la impunidad –el mal de males– no triunfe.
De pasadita
Urge echar a andar, pero ya, la economía de la ciudad. Se están cerrando negocios y se están perdiendo empleos, y eso no parece nada saludable en términos de lo que requiere la capital.
Ahora son los tiempos de lluvia los que han impedido el bacheo –debería ser pavimentación general–, que impiden que se compongan las calles y las banquetas que en algún momento iban a ser parte de una campaña que nunca llegó. La pavimentación y la construcción podrían ser el remedio que por lo pronto no llega para nuestra economía. Aguas.
