Frente a las reformas legales relacionadas con datos personales, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe cuidar la autonomía y la absoluta integridad del padrón, declaró Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Registro Fede-ral de Electores del INE.

Permitir una situación distinta afectaría la confianza hacia el instituto y la democracia, dijo a La Jornada.

Comentó que aun cuando ninguno de los recientes cambios legales obliga a la transferencia del padrón, sí queda abierta la posibilidad de consultas a esta base de datos por parte de distintas autoridades casi sin límites, e incluso en ocasiones sin necesidad de una orden judicial.

Ante ello, consideró, es necesario acotar casos y circunstancias en los cuales se autorizan las consultas.

Mantener la integridad, la confidencialidad e intransferibilidad de los datos del padrón electoral es fundamental para que sigamos teniendo confianza en nuestra democracia y en las elecciones, señaló.

Ese parámetro, subrayó, debe ser referencia para mantener la confidencialidad de cualquier otro padrón de datos ciudadanos.

Una de las normas aprobadas por el Congreso de la Unión para fortalecer la búsqueda de personas señala que el INE permitirá a las fiscalías –e instancias relacionadas con este objetivo– la consulta inmediata de los datos biométricos a que se refiere la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales relativos a la firma, huellas dactilares, fotografía, así como cualquier información de identidad y domicilios de los ciudadanos que obre en sus bases de datos y sistemas de información.

Castillo, abogado con estudios en derecho constitucional, telecomunicaciones, demoscopía y nuevas tecnologías, indicó que en principio es verdad que el Estado mexicano tiene una deuda en cuanto a dotar de una identificación integral a todos, incluidos los menores de edad.

Sin embargo, en materia electoral se tienen que cuidar la autonomía y la absoluta integridad del padrón electoral. Hasta el momento se han puesto sobre la mesa seis leyes que pueden tener un impacto en esta cuestión.

Por ejemplo, si una autoridad solicita al órgano electoral datos de una persona sin presentar una orden judicial, ¿cómo se sabe que efectivamente se está llevando a cabo una investigación? Debe estar justificada (la petición).

Aclaró que el INE no transfiere a otras instancias ningún dato personal; por ejemplo, cuando un banco consulta información de un cliente, el instituto sólo confirma o no la existencia del registro de la persona en el padrón electoral y si coincide con los biométricos, pero no los transfiere al solicitante.

Por eso, aquí es fundamental que no se permita la transferencia de los datos que resguarda el padrón electoral, porque en el momento en que eso suceda, desde mi perspectiva, sí se podrían empezar a generar dudas respecto de la confiabilidad, sostuvo.

Todos los límites deberían llevarse a la ley; actualmente la norma dice que los datos que la ciudadanía otorga al INE para efecto de trámites de expedición de su credencial para votar son confidenciales y se utilizarán exclusivamente para los fines electorales, salvo algunas excepciones, precisó.

Acerca de elevar la Clave Única del Registro de Población (CURP) a identificación oficial necesaria para la mayoría de los trámites, admitió que sí afectaría la actualización del padrón. Como producto de la reciente reforma en la materia, el artículo 91 Bis establece que la CURP deberá contener huellas dactilares y fotografía y será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital.

En ese sentido, y más allá de estudiar la posibilidad de que el INE apoye con infraestructura para la integración de biométricos en la CURP, el consejero prevé que mientras la credencial de elector sea el instrumento único para votar, se continuará tramitando –como ocurre con el pasaporte o la licencia de conducir–, pero hacia el futuro quizá habrá efectos.