Un año, cuatro meses y 27 días después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su propuesta para la reforma al Poder Judicial, están listos los nuevos juzgadores del país que llegaron al cargo a través del voto popular, para cerrar así un proceso inédito en México y en el mundo.

Ayer se presentaron al Instituto Nacional Electoral (INE), en tres bloques, 801 magistrados de circuito y jueces de distrito electos, para recoger la constancia que los acredita como ganadores de la contienda.

De los cargos en disputa, nueve son de la elección de ministros de la Suprema Corte; aparte, cinco integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; dos se incorporarán a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 15 a las salas regionales de esta misma instancia.

Hasta ahí todo bien con lo programado, pero las cuentas empezaron a variar en las elecciones más gruesas, casi tumultuosas.

Tendría que haber 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito, pero resultaron menos porque de la primera contienda se declararon 24 vacantes no elegibles y dos sin candidatura, mientras de la otra, 22 no acreditaron requisitos y uno está sin candidatura.

Es decir, 49 personas no llegaron a esta última fase, la mayoría por no acreditar el promedio académico de licenciatura y/o materias de la especialidad, según lo marcó un artículo de la reforma.

Comparativamente, quienes se quedaron en la raya son pocos, si se considera que en total en la elección judicial hubo 3 mil 400 candidaturas federales.

De tal forma, aquellos que sí alcanzaron el objetivo se presentaron este jueves al auditorio del INE para recibir su constancia de mayoría, y alistarse para entrar en funciones el próximo primero de septiembre.

Todos llegaron puntuales a su turno; obviamente estaban felices, acompañados de sus familiares, quienes por razones de espacio debieron esperar en la explanada y ver la sesión del consejo general a lo lejos, desde una pequeña pantalla.

Cada uno de los nuevos magistrados y jueces tiene historias distintas, circunstancias particulares que les permitieron alcanzar su meta.

Mientras algunos ya eran juzgadores en funciones y por tanto quedaron exentos de la engorrosas revisiones, otros fueron beneficiarios del método de la tómbola y algunos, quizá una veintena, fueron sujetos de críticas e incluso de acusaciones de tener vínculos con criminales.

Dos en esa situación son ahora juezas electas: Eluzai Rafael Aguilar y Madian Sinaí Menchaca, incluidas en la lista de un grupo de abogados opositores a la reforma judicial, el cual las señaló como parte de la cúpula de la iglesia cristiana evangélica Luz del Mundo, cuyo máximo líder, Naasón Joaquín García, está preso en Estados Unidos, sentenciado por abuso a menores de edad.

Eluzai respondió que no tiene lazo alguno con Naasón y que impartirá justicia sin discriminación; nerviosa, frente a la prensa, defendió su derecho de profesar la fe que determine su conciencia. Los detractores no sólo la mencionaron como hija del obispo de esa asociación religiosa, sino que resaltaron el hecho de que la abogada no tiene experiencia laboral alguna en el Poder Judicial. Por lo pronto, ya es jueza.

Otros respiraron aliviados porque alcanzaron –según la metodología creada sobre la marcha por el INE– el 8 de promedio en licenciatura y 9 en las materias de la especialidad para la cual se postularon.

Muchos más, adultos jóvenes, resaltaron su trayectoria en la carrera judicial y también promedios de excelencia, nivel cum laude, como Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, ahora magistrado electo de circuito en materia penal, parte de los forjadores del sistema penal acusatorio conocido popularmente como juicios orales.

El grupo es variopinto porque lo mismo hay personas con marcada trayectoria académica, en la investigación y en los grupos civiles. De igual forma con objetivos específicos como Delia Quiroa, quien busca a su hermano, desaparecido desde 2014, y ahora es jueza de distrito en materia mixta del circuito 12 de Sinaloa.

A la vez, algunos de sus colegas muestran su preocupación porque la campaña proselitista los exhibió claramente no sólo ante la opinión pública, sino con los potenciales destinatarios de sus sentencias.

Claro que hay miedo, pero tenemos experiencia y confianza en que podremos hacer nuestro trabajo, dijeron dos jóvenes juezas penales de Yucatán, quienes además de su trayectoria les ayudó la suerte, pues nos llamaron para equilibrar la paridad de género.

Miriam Huerta, magistrada electa del área penal, dijo que riesgos siempre ha habido, el reto ahora, sin embargo, es acercar la justicia a la gente, tener una perspectiva social.

También están aquellos que reprocharon la falta de claridad de los comités de evaluación, responsables de revisar en esta elección con reglas igualmente inéditas los expedientes de todos los aspirantes.

Fue un proceso larguísimo, por fin concluyó. Hay muchas áreas de oportunidad; deberían definir mejor los criterios que tienen por ejemplo en el tema de los promedios, declaró Miguel Andrés Márquez, juez electo en materia penal.