Por irregularidades en el pago de impuestos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas a los partidos políticos por un monto general de 31.9 millones de pesos. En el proyecto original la suma era de 62.3; el Partido del Trabajo (PT) pasó de 40.9 a 13.3 millones de pesos.

Las sanciones son producto de una auditoría especial aplicada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE.

Al final, los institutos políticos con las multas más altas son PT con los 13.3 millones en mención; el PRI, con 12 millones, y el Partido Verde, con 283 mil 150 pesos. El tricolor no estuvo de acuerdo en el procedimiento e impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El PAN fue sancionado con cuatro millones, mientras que Morena, Movimiento Ciudadano y PRD (ahora extinto) recibieron multas mínimas, menores a 12 mil pesos.

El universo fiscalizable para este asunto incluyó a 315 partidos políticos con registro vigente en el año 2023: siete fuerzas políticas nacionales, 224 nacionales con acreditación local y 84 locales.

La UTF solicitó a las autoridades fiscales, de Seguridad Social y tesorerías locales de las 32 entidades federativas la información sobre el estatus de los saldos pendientes de impuestos por pagar de los ejercicios 2022 y anteriores .

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, declaró que en el dictamen se identificaron saldos no enterados, pagos no registrados y discrepancias derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales.

Ante el reclamo del PRI en el sentido de que el INE hizo una tarea que no le corresponde, Humphrey comentó que el órgano electoral tiene la responsabilidad de verificar las finanzas de los partidos y, en efecto, la revisión de los créditos fiscales corresponde al Servicio de Administración Tributaria, pero cuando estos rubros están en las finanzas de los partidos, el INE hace este señalamiento a la autoridad fiscal.

No los estamos sancionando por no pagar impuestos, nuestras sanciones tienen que ver porque existen cuentas por pagar que no han solventado y porque ese financiamiento es público y lícito, al ser dinero que se tiene que enterar por contribuciones tanto fiscales como de Seguridad Social, añadió.