Chilpancingo, Gro., Pese a que persiste el conflicto entre Equinox Gold y ejidatarios de Carrizalillo, de Eduardo Neri, en la zona centro del estado, la minera canadiense firmó ayer, con la mediación del gobierno de Guerrero, un convenio de ocupación por 20 años de las tierras comunales en los poblados de Mezcala y Xochipala, del mismo municipio.

Sin embargo, no se especificó el monto económico que recibirán los dueños de las tierras por cuestiones de seguridad; aunque a ambas localidades se les otorgará la tarifa más alta por hectárea que una minera paga en México, precisaron autoridades estatales.

Equinox Gold opera desde 2007la mina Los Filos/El Bermejal, pero durante los meses recientes ha sostenido un conflicto por el aumento en el precio de renta de los terrenos con los ejidatarios de Carrizalillo, quienes mantienen un plantón afuera de las instalaciones y exigen una mesa de diálogo o bien el cierre definitivo y la indemnización de las tierras.

La compañía canadiense indicó que comenzó un proceso de remediación en una parte de la mina, lo que marca la suspen-sión indefinida de la actividad minera en Carrizalillo, ante la falta de acuerdos con los ejidatarios.

Al respecto, el vicepresidente senior México de Equinox Gold, Armando Ortega, aceptó que no hay acuerdo con Carrizalillo, por lo cual se inició dicho proceso.

Aseguró que Equinox Gold permanece abierta a negociar con los propietarios y les pidió que les permitan entrar a la mina para comenzar a remediar las tierras. Dijo que desde abril, cuando concluyeron las operaciones, sólo han realizado lavado de minerales.

En la firma del convenio participaron como testigos: Francisco Rodríguez, subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal; Sara Salas Bravo, alcaldesa de Eduardo Neri; Teodora Ramírez, titular de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, y Citlali Téllez, diputada local.

Por parte de los comuneros estuvieron el presidente Elí Sobrevilla Adame, de Xochipala, y Joel Ramos, de Mezcala, quienes manifestaron que la minera será un proyecto para el desarrollo de sus comunidades, donde viven más de 22 mil habitantes.

Rodríguez Cisneros aseguró que dicho contrato deriva de un trabajo de diálogo, pese a los momentos de tensión; mientras los acuerdos y montos económicos entre la empresa y las dos comunidades ni el gobierno del estado los conoce por un asunto de seguridad.