Washington. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos aparentemente comenzaron a enviar a Sudán del Sur a migrantes de Myanmar y Vietnam, pese a una orden judicial que impide realizar deportaciones a terceros países, afirmaron abogados de los afectados ayer, mientras trascendió que la administración de Donald Trump tiene planes para gastar 250 millones de dólares en financiar el traslado y el retorno de personas de zonas de conflicto activo, incluidos 700 mil ucranios y haitianos.

Según documentos judiciales, la aparente deportación de un hombre de Myanmar se confirmó en un correo electrónico de un funcionario de inmigración en Texas, a quien se le informó sobre su envío al país africano únicamente en inglés, idioma que desconoce, señalaron sus defensores que se enteraron del plan horas antes de que partiera su vuelo.

Una mujer también acusó que su esposo, originario de Vietnam, y alrededor de otras 10 personas fueron trasladadas a África, reportaron abogados de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, quienes solicitaron al juez Brian Murphy una orden judicial de emergencia para evitar sus expulsiones.

Tras una audiencia de emergencia, Murphy dictaminó anoche que el gobierno debe mantener la custodia y el control de los migrantes aparentemente deportados a Sudán del Sur o a otro tercer país para garantizar la viabilidad práctica de su retorno si el Tribunal determina que dichas expulsiones fueron ilegales.

The Washington Post indicó que la propuesta de Trump de invertir millones de dólares en enviar de regreso a sus países a ucranios y haitianos que huyeron a Estados Unidos es inusual, porque incluye a personas que escaparon de algunas de las zonas más peligrosas del mundo y parece tener la intención de eludir a la Organización Internacional para las Migraciones, organismo afiliado a la Organización de Naciones Unidas que apoya a los migrantes para que regresen a sus hogares.

El Post contextualizó la directriz con la propuesta de la administración de recortar drásticamente la ayuda exterior, en particular al desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y cancelar 80 por ciento de sus programas, incluidos los que prestaban servicios a Ucrania, Haití y otros países en conflicto.

El diario añadió que los documentos preliminares también mencionan a afganos, palestinos, libios, sudaneses, sirios y yemeníes, lo que indica que también podrían ser objeto del programa de deportación voluntaria.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, falló en sus respuestas sobre el habeas corpus, el principio legal que exige que el gobierno proporcione una razón pública para detener y encarcelar a individuos, tras afirmar de forma incorrecta que el derecho legal de las personas a impugnar su detención por parte del gobierno era en realidad el derecho constitucional del presidente a deportar a las personas.

El New York Times refirió que durante una audiencia en el Senado, Noem reveló que tampoco sabía cuántas veces se ha suspendido dicho derecho ni de dónde provenía la autoridad constitucional para hacerlo.

Los esfuerzos para realizar la mayor deportación de la historia pertenecen en gran medida a la jurisdicción de Noem, quien ha planteado, bajo la línea de la administración Trump, la idea de suspender el habeas corpus para los migrantes que son expulsados del país.

En tanto, la agencia responsable de la aplicación de la ley migratoria revivió y amplió el programa de décadas de antigüedad llamado 287(g), que dirige el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La disposición aumenta en forma considerable la dotación de personal migratorio disponible para el ICE, que actualmente cuenta con unos 6 mil agentes de deportación.

Por otra parte, el senador Gary Peters afirmó que el uso de la base naval de Guantánamo para recluir migrantes tendría un costo aproximado de 100 mil dólares al día por cada detenido, en una acción que describió como ejemplo de despilfarro en el gasto público, en momentos en que fiscales acusaron a la representante demócrata, LaMonica McIver, de Nueva Jersey, de agresión a policías en un intento por impedir el arresto del alcalde de Newark, Ras Baraka, afuera de un centro de detención de migrantes, la semana pasada.