Washington. La Suprema Corte permitió ayer al gobierno del presidente Donald Trump retirar las protecciones legales a 350 mil venezolanos, por lo que podrían quedar expuestos a la deportación.

La orden del máximo tribunal, con sólo un disenso registrado, suspende el fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, el cual de otro modo habría expirado el mes pasado. Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia.

El estatus permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar con documentos debido a que sus países de origen se consideran inseguros por desastres naturales o conflictos civiles.

El fallo aparentemente sería la mayor acción en la historia moderna de Estados Unidos para despojar a cualquier grupo de no ciudadanos de su estatus migratorio, indicó Ahilan Arulanantham, del equipo de abogados de los migrantes.

Los venezolanos no son criminales, sostuvo Cecilia González Herrera, quien presentó la demanda para impedir que el gobierno federal le revocara las protecciones legales a ella y a otras personas en la misma situación.

Se desconocen las ramificaciones para las cientos de miles de personas afectadas, comentó Arulanantham.

Victoria del pueblo

El Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión de la Suprema Corte de victoria para el pueblo estadunidense y la seguridad de nuestras comunidades, y añadió que el gobierno del ex presidente Joe Biden explotó programas para permitir la entrada al país de migrantes cuyos antecedentes fueron revisados de manera deficiente.

El Congreso creó el TPS en 1990 para eximir de la deportación a personas procedentes de países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.

El fallo de ayer es el más reciente caso en una serie de apelaciones de emergencia que ha presentado el gobierno federal ante la Suprema Corte, muchas de ellas relacionadas con el tema de la migración. Hace unas semanas solicitó a la corte que le permita poner fin al permiso humanitario para cientos de miles de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.