orma Lucía Piña Hernández se despide como llegó: con engaños, hipocresías, ausencia de autocrítica y, ante todo, con un desprecio visceral hacia el depositario de la soberanía, el pueblo de México. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convirtió su segundo y último informe de labores en un lamento por la caída de la mafia judicial creada por Ernesto Zedillo y sus sucesores, a fin de asegurar que la judicatura estuviera al servicio de los grandes capitales sin importar lo que los ciudadanos exigieran en las urnas.

En su más reciente retahíla de falacias, Piña denunció la práctica generalizada de violar suspensiones dictadas por jueces federales desde que se presentó la reforma al Poder Judicial (PJ) a inicios de año; que se ha desestimado la autoridad del PJ federal y de los jueces y magistrados, en particular; la existencia de una práctica recurrente de amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos por emitir fallos contrarios a los intereses del gobierno, así como el señalamiento de ser traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco. En sus dichos, las relaciones entre la rama del Estado que todavía encabeza y el Poder Ejecutivo llegaron a un punto de quiebre cuando el máximo tribunal echó abajo el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También mencionó como grandes desencuentros con la Cuarta Transformación la complicidad de la SCJN con los poderes fácticos que intentaron descarrilar los proyectos estratégicos de infraestructura y su intervención para perpetuar los injustificables dispendios del INE. Reconoció que México necesitaba una reforma judicial, pero no sin diagnóstico, como sería, según ella, la promulgada el 15 de septiembre pasado.

Las quejas de la ministra Piña son significativas tanto por lo que dice como por lo que calla. Omite, por ejemplo, que las autoridades se vieron obligadas a ignorar sentencias emitidas en flagrante prevaricato por togados sabedores de su nulidad de origen. No dice a su audiencia que los fallos contrarios a los intereses del gobierno consistieron en sabotear el desarrollo nacional, atentar contra la soberanía, exponer al país a ataques de conspiradores locales o foráneos, liberar a individuos sobre los que pesan evidencias incontrovertibles de culpabilidad, entre otras aberraciones a las que se entregaron la mayor parte de los aún ministros por sus filias ideológicas, su pertenencia a redes de tráfico de influencias o la simple corrupción. Calla que las amenazas de las que habla son, en realidad, una muestra del combate a los delitos perpetrados por juzgadores, el cual ha sido bloqueado de manera sistemática por el Consejo de la Judicatura que ella preside.

Miente cuando dice que la Guardia Nacional fue el asunto que descarriló la convivencia con el Ejecutivo: ese punto de inflexión lo provocó la misma Piña cuando engañó a la sociedad haciéndole creer que había depuesto su voracidad sobre los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos a los que, durante años, el Poder Judicial fue desviando remanentes presupuestarios, para darles un uso discrecional y opaco. Debe recordarse que el 31 de octubre de 2023, la ministra envió un oficio al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en el cual expresaba su avenencia con la propuesta de destinar esos recursos a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. Sin embargo, ese mismo día un juez concedió una suspensión provisional contra la extinción de los fideicomisos, acto que repitieron otros tribunales sin que hasta hoy la Suprema Corte hiciera movimiento alguno para desautorizar la sentencia que contraviene la palabra empeñada por la ministra presidenta. De este modo, demostró a toda la ciudadanía que, para ella y sus colegas, sus privilegios se encuentran por encima de cualquier compromiso o consideración.

En cuanto al más socorrido de los argumentos contra la democratización del PJ, la independencia judicial, Piña fue la primera en hundir en el fango ese precepto cuando acudió a los conciliábulos celebrados en la mansión del ministro Juan Luis González Alcántara con dirigentes opositores.

Como integrante y como titular del Poder Judicial, Piña se empeñó en probar una y otra vez que traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco no es un insulto, sino una descripción de la facción a la cual pertenecen ella y la mayoría de sus colegas. No puede hallarse un diagnóstico más preciso que éste para justificar la necesidad y la urgencia de limpiar a fondo al PJ: la exposición de la ministra presidenta no es, como ella cree, una denuncia contra el gobierno federal, sino un catálogo casi completo de las razones que volvieron inaplazable la reforma del Poder Judicial.