Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y las asociaciones parlamentarias aliadas –que conforman mayoría calificada en el Congreso local–, presentaron la primera iniciativa de reforma en materia de elección judicial en la Ciudad de México, en la que se propone renovar 30 por ciento de los cargos de jueces y magistrados en 2025 y el resto en 2027.

De acuerdo con estimaciones de la propia iniciativa, actualmente suman 449 cargos entre jueces y magistrados locales, de los cuales 134 aproximadamente serían sujetos a elección popular el primero de junio del próximo año, cuya organización estaría a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Como parte de la iniciativa de reforma constitucional y al Código Electoral local, se prevé la desaparición de fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la ciudad para implementar el decreto, y se prevé que el 12 de febrero se remitan las postulaciones de candidatos hechas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial al IECM, que después de la elección ejecutará los cómputos de votos, publicará resultados y entregará las constancias de mayoría a los ganadores.

Según la reforma, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México estará facultado para resolver los medios de impugnación relacionados con la elección de jueces, lo que deberá realizarse a más tardar el 26 de julio de 2025.

Las personas que resulten elegidas rendirán protesta para su encargo el primero de septiembre del próximo año ante el Congreso local.

Se respetan derechos de trabajadores

Los artículos transitorios de la iniciativa refieren que los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial serán respetados en su totalidad, y los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y obligaciones de carácter laboral.

Los magistrados y juzgadores que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar elegidos para un nuevo periodo, serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho.

Por tratarse de una reforma constitucional, ésta deberá aprobarse en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que se inicia en febrero; no obstante, se prevé la realización de periodos extraordinarios el próximo mes.

Una vez aprobada la enmienda, el Legislativo tendrá un plazo de 40 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto –fecha en la que también se iniciará oficialmente el proceso para la elección de jueces–, a fin de realizar las adecuaciones a las leyes correspondientes.