Ante la situación generalizada de violencia y violaciones de los derechos humanos que vive México y la región de América Latina y el Caribe, es un paso adelante que el Estado mexicano haya ratificado elAcuerdo de Escazú, pero el gobierno debe publicar a la brevedad el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para completar el proceso, advirtieron organizaciones civiles.

De su lado, más de 30 expertos, relatores e integrantes de grupos de trabajo relacionados con derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas acogieron con satisfacción la pronta entrada en vigor del primer tratado de derechos humanos sobre el medio ambiente en la región, como calificaron al Acuerdo de Escazú, al cual consideraron un pacto innovador para luchar contra la contaminación y asegurar un medio ambiente saludable para la población.

Las organizaciones civiles confiaron en que el Ejecutivo federal deposite ante la Secretaría de Naciones Unidas la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Al ser México el onceavo país en ratificar este acuerdo podrá entrar en vigor.

En 2019, 39 ataques en el país

Ejemplo de las violaciones a los derechos humanos es que desde 2006, en México se han identificado 879 conflictos socioambientales que están vinculados en su mayoría a la actividad minera, la extracción de hidrocarburos y proyectos hidroeléctricos. Tan sólo de 2012 a 2019 se han registrado 499 ataques contra quienes defienden el medio ambiente en México. El año pasado se registraron 39 ataques de los cuales casi un tercio fueron homicidios, es decir 15 personas defensoras ambientales asesinadas y un intento de homicidio.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones detallaron en un comunicado que este acuerdo propone una transformación de la gobernanza ambiental, pone en el centro los derechos humanos de los afectados y establece herramientas para la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación y la protección de personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano.

En tanto, en un pronunciamiento internacional, los expertos de distintas instancias de la ONU señalaron que "ante la proliferación de conflictos ambientales y la persistente intimidación, acoso y detención de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú ofrece esperanza a innumerables personas y comunidades de la región que sufren de la contaminación y los impactos negativos de las industrias extractivas”.