a tormenta tropical Eta ha dejado un saldo de desastre a su paso por Centroamérica y el Caribe y en nuestro país ha causado graves afectaciones, sobre todo en los estados de Chiapas y Tabasco, donde ha confluido con un frente frío.

A la fecha en esas entidades se han contabilizado 27 muertes a consecuencia del meteoro y las inundaciones que ha traído aparejadas, así como más de cien mil damnificados en más de una treintena de municipios.

En Veracruz no se reportan fallecimientos pero sí extendidos daños materiales en viviendas particulares (alrededor de 5 mil, según los cálculos preliminares) y obras de infraestructura. Durante el fin de semana, Tabasco padeció el desbordamiento de varios de los ríos que lo atraviesan, lo que provocó inundaciones en ocho municipios, incluido el de la capital del estado, y se vivió el riesgo de un desbordamiento de las presas de la cuenca Usumacinta-Grijalva.

El domingo pasado, en una visita de emergencia a su estado natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que, a pesar de la extinción del Fondo para la Atención de Emergencias, hay muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a personas damnificadas y a todos los que lo requieran.

Después anunció un programa integral para la zona, que incluye el dragado de los ríos que en forma periódica provocan inundaciones en diversas ciudades de esa región del sureste.

Cierto es que corresponde a los gobiernos federal, estatales y municipales asistir de manera coordinada, expedita y efectiva a la población en desgracia, emprender las acciones de mitigación de la catástrofe, llevar a cabo la reconstrucción de la infraestructura dañada y adoptar medidas de prevención para atenuar el impacto de futuros fenómenos naturales.

Por su parte, la sociedad mexicana tiene el deber de auxiliar a los connacionales afectados, como lo ha hecho siempre ante sucesos de esta naturaleza. La ayuda sostenida y generosa de la población ha fluido de manera invariable cuando eventos naturales como ciclones y terremotos golpean puntos del territorio nacional, como ocurrió en los devastadores sismos de 2017.

Es de esperar que hoy, como entonces, y como ha ocurrido en cada situación de desastre, los ciudadanos de todo el país aporten la ayuda que se requiere y se organice para recaudarla, clasificarla, empacarla, transportarla y distribuirla. Es de esperar que haya largas filas en los centros de acopio y muchas manos dispuestas a la tarea.