La demolición de la torre Anzaldo tendrá un costo de 30 millones de pesos, dinero que deberá saldar la empresa que encabeza el proyecto inmobiliario; además, está obligada a pagar una multa por más de 61 millones de pesos, así como la restauración del daño ambiental ocasionado a la presa, señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al retomar sus actividades en las oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento luego de 12 días de resguardarse en su domicilio tras dar positivo por coronavirus, la mandataria advirtió en videoconferencia que en caso de que la empresa se niegue a pagar, la Procuraduría Fiscal capitalina procederá a realizar el cobro a Banca Mifel, por medio de la figura del crédito fiscal, es decir, con un procedimiento económico-coactivo.

Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Queremos que haya inversión privada en la ciudad, pero siempre tiene que estar en el marco de la ley, expresó la titular del Ejecutivo local; agregó que también se interpusieron denuncias penales contra el director encargado de obra y quien resulte responsable, así como ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de la alcaldía Álvaro Obregón, quienes permitieron la construcción de la torre de 27 niveles, 11 de ellos son de sótanos.

De hecho, el plazo para pagar la multa y empezar el derribo del edificio, que tenía un avance de 75 por ciento en su construcción, venció el pasado viernes y no fue atendido por la inmobiliaria, de allí que las autoridades locales determinaron iniciar con la demolición.

Sheinbaum Pardo insistió en que de una u otra forma la empresa responsable deberá pagar los 91 millones de pesos (por la demolición y la multa), no se puede llamar directamente embargo, pero sí que tienen que pagar, además de que están obligados a restaurar el daño ambiental, pues pasó a afectar la capacidad de almacenamiento de la presa Anzaldo.

La torre que se edificaba en Anillo Periférico 3042, colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, no tenía permisos y se construía sobre un vaso regulador, pese a lo cual los desarrolladores continuaron con la obra durante 10 años sin que las autoridades lo impidieran.

La mandataria capitalina afirmó que la demolición de este edificio marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción que se dio en la administración pasada, al autorizar la obra sin contar con el uso de suelo, sin dictamen por daño urbano ni manifestación de impacto ambiental, además de que se invadió una zona federal, es decir la presa.

De su lado, la secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, Marina Robles García, reiteró que la demolición tardará al menos 60 días y que en el lugar trabajan 80 personas de la Secretaría de Obras y Servicios, con el apoyo de las secretarías de Seguridad Ciudadana, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como el Instituto de Verificación Administrativa.