Los grupos de Morena, PES, PT y PVEM en el Senado enviaron un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se solidarizan con su defensa de la soberanía energética. Sostienen que las decisiones del gobierno federal en relación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no contravienen ni el espíritu ni la letra del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ello en respuesta a declaraciones de congresistas de Estados Unidos, que –en carta a Donald Trump– sostuvieron que se da preferencia a las empresas productivas mexicanas y hay incertidumbre por iniciativas de ley que van contra la reforma energética de 2014 y ponen en riesgo la inversión estadunidense.

Morena y sus aliados advierten que ambas aseveraciones son falsas, ya que en el capítulo 22 del T-MEC, artículo 2.5 se establece que los gobiernos firmantes podrán mantener empresas propiedad del Estado. No se transgrede el acuerdo, ya que México no está prohibiendo permisos ni concesiones en generación eléctrica, como sostienen los parlamentarios de Estados Unidos.

El Estado mexicano se encuentra ordenando esta participación privada, para que no exista sobreoferta de energía que afecte la eficiencia y la seguridad del servicio.

En la misiva destacan que un objetivo común para los tres países en el T-MEC es igualdad de condiciones de competencia y no el detrimiento de unas empresas para favorecer a otras, como ocurrió entre 2014 y 2018 a raíz de la aprobación de las llamadas reformas estructurales.

Esta meta se encuentra alineada con los objetivos de la política energética de México: establecer condiciones de verdadera competencia para todas las empresas participantes en el ámbito energético incluidas aquellas de carácter público como Pemex y CFE. Estas últimas, durante décadas fueron desmanteladas debido a la aplicación de políticas de corte privatizador que favorecieron al mercado y no al bienestar social.

Advierten que en el T-MEC –capítulo 8, artículo 2, inciso A– se señala que México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación, pero no hay proyectos de reforma energética en este momento. Aclaran también que es falso que estén en riesgo las inversiones de empresas de energía estadunidenses y hacen notar que el tratado contiene mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y los estados firmantes.