En el primer año de la actual administración, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue escenario de anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó ante la Cámara de Diputados: incumplió con 30 por ciento en sus 21 programas, incrementó 77 por ciento su Programa Presupuestario (Pp) respecto de lo autorizado por el Congreso federal y fue sujeto de ampliaciones y reducciones de recursos que no consiguió acreditar a la hora de la auditoría.

El informe del resultado de la Cuenta Pública 2019 –elaborado por el ente fiscalizador–, describe el manejo irregular de los indicadores de gasto en la comisión, pues, reportó el cumplimiento de 70.8 por ciento; sin embargo, en sus registros internos, reportó que, de 179 indicadores correspondientes a sus 21 programas presupuestarios, 33.5 por ciento (60) cumplieron con la meta, 36.3 (65) no la cumplieron y 30.2 por ciento (54) la rebasaron, valores que no se correspondieron con lo reportado.

La Conagua acercó a la auditoría, información del Pp en 2019. Un gasto por 98 millones 610 mil pesos, monto superior en 77.2 por ciento (42 millones 977 mil pesos) respecto del presupuesto original de 55 millones 633 mil pesos, debido a que se realizaron ampliaciones por 349 millones 426 mil pesos y reducciones al presupuesto, que ascendieron a 306 millones 448 mil pesos, sin que el órgano desconcentrado acreditara con evidencia los conceptos de las modificaciones presupuestarias.

La opinión de la ASF también se expresa en torno a las deficiencias en la conducción de la política hídrica nacional, porque la Conagua no acreditó que efectuó gestiones de coordinación mediante acuerdos y convenios con las entidades federativas y gobiernos municipales, y no fue realizada la implementación de la política por la falta de Plan Nacional Hídrico (PNH).

Los resultados mostraron que, en 2019, en el proceso de planeación, la Conagua careció de objetivos claros y de una perspectiva de mediano plazo en el tema hídrico, debido a que en ese año se inició la formulación de la política hídrica nacional para ser establecida en el Programa Nacional Hídrico. En cuanto a la coordinación, aun cuando en 2019 la comisión realizó 44 reuniones con diferentes actores, no acreditó con evidencia que efectuó las gestiones correspondientes para coordinar la planeación de la política hídrica mediante la conducción de las políticas del ramo, ni tampoco acreditó que tuvo mecanismos, acuerdos y convenios con las entidades federativas y gobiernos municipales para tal fin.

Entre las conclusiones de la ASF se advierte que los resultados de la Conagua en regulación, inspección y vigilancia para el uso, aprovechamiento y explotación del recurso hídrico, no permitieron determinar su contribución a la administración del agua, y por consiguiente al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del líquido; debido a que la comisión no contó con un diagnóstico, ni una programación en materia de propuestas y actualización de normas, lineamientos y demás disposiciones, por lo que desconoció de manera cualitativa y cuantitativa cuáles eran los aspectos, áreas o temas en los que se tendrían que hacer propuestas a la Semarnat para regular los diferentes temas del sector hídrico.

En medio de esto, subraya la ASF, la comisión presentó un rezago en atención de solicitudes para el otorgamiento y registro de títulos de concesión y asignación, toda vez que, para el siguiente año fiscal (2020) se tendrían 44 mil 248 resoluciones pendientes de notificar, lo que implicó que no se tuviera certidumbre de que los títulos de concesión y asignación se otorgaran con base en la disponibilidad del agua.