Dallas.

La comunidad de El Cenizo, en la frontera entre Texas y México, y la oficina del sheriff del condado de Maverick, interpusieron ante una corte federal la primera demanda contra la ley SB4, que prohíbe las ciudades santuarios y autoriza a policías preguntar el estatus migratorio a cualquier persona.

Abogados de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos interpusieron la demanda el lunes ante la corte federal en San Antonio, a nombre del alcalde de El Cenizo, Raúl Reyes, y del sheriff de Maverick, luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó la legislación la noche del pasado domingo.

La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés) la mayor organización defensora de los derechos civiles en el país, emitió este martes una alerta de viaje para Texas tras la promulgación de la ley, para evitar que los derechos de quienes viajen al estado sean violados.

En la demanda, El Cenizo y el condado de Maverick solicitan a la corte federal dictaminar que la ley SB4 es anticonstitucional por violar las enmiendas cuarta, quinta, décima y décima cuarta, así como los artículos I y VI de la Constitución.

Una ordenanza de El Cenizo prohíbe a empleados y agentes de policía de esa comunidad, de apenas 3 mil 300 habitantes, preguntar a las personas su estatus migratorio.

La ordenanza fue promulgada para mantener la confianza de la comunidad y asegurar que todos los residentes, incluidos inmigrantes indocumentados, se sientan seguros para reportar crímenes o buscar atención médica.

El recurso se interpuso al mismo tiempo que el procurador general de Texas, Ken Paxton, acudió a una corte federal a solicitar que el tribunal ratifique la constitucionalidad de la ley.

La SB4, que entrará en vigor a partir del primero de septiembre, permitirá a los agentes de policía preguntar a toda persona detenida por cualquier motivo, incluyendo controles rutinarios de tránsito su estatus migratorio.

Las legislación prohíbe que los gobiernos locales adopten políticas consideradas santuarios para los indocumentados.

Según la nueva ley, los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

La legislación también castiga a los sheriffs, policías y mandos policiacos por no cooperar con las autoridades federales y prevé sanciones hasta de 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.