Caracas.

Al continuar las manifestaciones en favor y en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, las críticas hacia el gobierno se incrementaron por los juicios en tribunales militares contra decenas de civiles partícipes en las protestas.

La Constitución es clara, la jurisdicción militar no es para civiles, llevar ahí a manifestantes es violar los derechos humanos, dijo el presidente del Congreso, Julio Borges, en un mensaje dirigido al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.

Según la oposición y la ONG Foro Penal, decenas de civiles están siendo presentados ante tribunales militares en el contexto de protestas contra Maduro que empezaron el primero de abril.

Al menos 73 personas han sido enviadas a prisión, dijo Alfredo Romero, director de Foro Penal, ante el Legislativo, y detalló que los procesados enfrentan cargos de instigación a la rebelión y vilipendio, aun cuando muchos fueron detenidos por robo.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, Jesús Suárez, precisó que de 780 detenidos, 251 fueron puestos a disposición de tribunales militares acusados de ataque al centinela y asociación para la rebelión.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), también condenó los juicios a civiles en tribunales militares, durante una videollamada a la Asamblea Nacional (Congreso) de mayoría opositora.

Almagro acusó a Maduro de recurrir a la jurisdicción militar para procesar a manifestantes pacíficos, como hacen las dictaduras, debido a que no cuenta con autorización de la Fiscalía para acusarlos ante la justicia ordinaria.

La intervención de Almagro se dio después de que los diputados votaron un acuerdo que considera que los tribunales militares usurpan las atribuciones de la justicia civil violando los derechos humanos.

Mientras, durante una manifestación opositora en la ciudad de Calabozo, estado de Guárico, una estudiante de 25 años fue atropellada y se encuentra delicada, informó la policía local.

En tanto, oficialistas marcharon en Caracas para respaldar la nueva Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente como instrumento para combatir la violencia política. Los chavistas llegaron hasta el Palacio de Miraflores, donde entregaron un manifiesto.

Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, apremió a los funcionarios del Ministerio Público a trabajar para que los ciudadanos puedan creer en las instituciones y en los servidores públicos, mientras Maduro invitó a El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay a adherirse como mediadores para el diálogo político que se intenta concertar con la oposición, indicó la canciller, Delcy Rodríguez.

El opositor Liborio Guarulla, gobernador de Amazonas, confirmó que la Contraloría General lo inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos, al igual que a Henrique Capriles, gobernador de Miranda.