París.

El gobierno francés invocó poderes constitucionales especiales este martes para imponer una legislación laboral por decreto que facilite la contratación y el despido de trabajadores, con lo que el gobierno de François Hollande espera que se reduzcan los altos niveles de desempleo y pasó por alto protestas callejeras y a los detractores en su propio partido.

Así, a menos de un año de las elecciones presidenciales, la decisión de imponer la reforma sin apoyo parlamentario es una apuesta política para el impopular Hollande y un gobierno socialista que ha sido blanco de la creciente violencia de la izquierda.

Miles de personas marcharon en París y en ciudades como Rennes, en el oeste, Marsella, en el sur, y Burdeos y Toulouse, en el suroeste. Las estimaciones sobre la participación en las protestas fueron variadas –45 mil personas, de acuerdo con la Confederación General del Trabajo, pero no más de 7 mil 500, de acuerdo con la policía–, pero sí fue más baja que en movilizaciones anteriores. Ésta fue la última jornada de movilizaciones del verano en rechazo a la reforma laboral. Sin embargo, los sindicatos preparan acciones puntuales.

Políticos de la derecha abandonaron la Asamblea Nacional y los rebeldes dentro de su propio partido observaron cómo el primer ministro Manuel Valls anunciaba que usaría poderes constitucionales para evitar a la cámara baja del Parlamento durante una segunda revisión de la reforma.

Mi gobierno está determinado a avanzar, porque no se puede permitir que las tácticas de algunos (...) bloqueen al país, dijo Valls en una crítica a los detractores socialistas que se negaron a votar en favor de la ley.

Los detractores insisten en que con la reforma laboral se favorece al empresariado en detrimento de los trabajadores, pues se da a los primeros mayores poderes en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos.

Uno de los aspectos más controvertidos es la primacía de los acuerdos de empresa sobre los convenios colectivos, el cual se recoge en el artículo segundo que el gobierno se negó a modificar o a suprimir.

Para oponerse a la adopción de la ley, la Cámara de Diputados debe censurar al gobierno, lo que acarrearía su renuncia. Los parlamentarios deben reunir 58 firmantes, pero la oposición de derecha ya anunció que no se sumará a ningún proceso. Si la moción de censura no prospera, el proyecto pasará a una segunda lectura en el Senado antes de ser adoptada de manera definitiva en la asamblea el 22 de julio.