Con la ejecución del mexicano Humberto Leal, en Texas, Estados Unidos incumple el derecho internacional y mina el papel de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), consideró la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, al preguntar por qué el gobierno mexicano no presionó más para que se permitiera acatar el fallo del caso Avena, el cual pide la revisión de juicios.

En tanto, Amnistía Internacional señaló en un comunicado que el estado de Texas desafió a la CIJ de la Haya, al consumar la pena de muerte de Leal.

Su ejecución violó el derecho internacional y una sentencia vinculante de la Corte Internacional de Justicia, pues se consumó a pesar de la oposición de los gobiernos de Estados Unidos, México y de funcionarios de Naciones Unidas.

Al respecto, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró que está decepcionada por la decisión de la Suprema Corte de su país de no aplazar la aplicación de la pena de muerte.

En tanto, en México senadores de PRI y PRD demandaron al gobierno de Felipe Calderón una postura firme en defensa de los mexicanos residentes en Estados Unidos y le exigieron formular un reclamo severo al vecino país por la ejecución de Humberto Leal, pasando por alto la resolución de la Corte Penal Internacional de la Haya, sobre la revisión de su proceso legal.

Por su parte, el PAN condenó el hecho y lamentó la falta de certidumbre jurídica en el actuar de autoridades de Estados Unidos, mientras el PRI en la Cámara de Diputados consideró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no actuó a tiempo.

El llamado caso Avena

Al concluir su visita a México, Pillay comentó: Estoy seriamente decepcionada porque ni la Junta de Indultos y Libertad ni el gobernador tomaron las medidas a su alcance para evitar esta trasgresión a las obligaciones de Estados Unidos de acuerdo con el derecho internacional, señaló.

Recordó que la CIJ emitió en 2004 una sentencia en la que ordenó al gobierno estadunidense revisar y reconsiderar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte, incluyendo a Leal García, por no haber recibido asistencia consular. Pero eso no ha ocurrido.

Refirió en este sentido que Estados Unidos ha tenido el tiempo necesario para adoptar una legislación que permita dar cumplimiento a dicho dictamen, acordado en 2004 y conocido como el fallo Avena.

Agregó que la ejecución del mexicano probablemente se extenderá más allá de Texas, al recordar que envió dos comunicaciones sobre el caso al gobernador Rick Perry y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional.

En tanto, el diputado priísta Arturo Zamora Jiménez calificó de infortunio y por supuesto un desatino de las autoridades diplomáticas mexicanas el actuar tardíamente. Refirió además que la violencia no se evita con más violencia. La pena de muerte no elimina el delito, puntualizó.

Por su lado, la dirigencia nacional del PAN recordó que Leal, de 38 años y originario de Monterrey, contaba con una resolución favorable de la CIJ, y este acto representa un claro desacato al fallo de dicho organismo.

Acción Nacional demandó que las autoridades nacionales y locales no menoscaben las resoluciones de las instancias internacionales, de manera particular, para que los mexicanos en el exterior puedan acceder a los derechos que la ley les garantiza, como el de la asistencia consular ratificado por la CIJ.

Los senadores perredistas Tomás Torres y Yeidckol Polevnsky, así como María de Los Ángeles Moreno, del PRI, coincidieron en que hubo una actuación deficiente de la SRE, que no ha sabido presionar al gobierno de Estados Unidos para que cumpla la legislación internacional.

El senador panista Ricardo García Cervantes consideró que la ejecución de Leal es parte de la tradicional y casi histórica soberbia de Estados Unidos, que se erige en tribunal internacional, pero desprecia a las instituciones multinacionales, como la propia Organización de Naciones Unidas (ONU).