ay mucho más en juego en los comicios a realizarse hoy en los estados de México, Coahuila, Nayarit e Hidalgo, que la mera disputa partidista por puestos de elección popular –gubernaturas en las tres primeras entidades, 84 alcaldías en el último–: la cita reviste importancia particular por cuanto prefigura lo que pueden ser las elecciones federales del año entrante, y porque constituye uno de las últimos ensayos de los que se dispondrá para demostrar la capacidad institucional de regular este tipo de procesos y hacer que en ellos prevalezca la ley, y para restañar una confianza ciudadana fuertemente lacerada tras las elecciones de 2006.
En ese sentido, resulta preocupante el tono que adquirieron las campañas en las entidades que asisten hoy a las urnas: en los tres estados en los que se renovará el Ejecutivo, el denominador común de las campañas ha sido la proliferación de denuncias por diversos delitos como la inequidad en los gastos y la intervención de autoridades descaradamente favorecedoras de su partido.
Es de destacar, al respecto, la situación observada durante estos meses en el estado de México, no sólo por ser ésa la entidad con mayor cantidad de votantes en el país, sino también porque ha sido allí en donde se ha dado en forma más clara y evidente la conjunción entre la subcultura política de manipulación y distorsión de la voluntad ciudadana que caracterizó al viejo régimen –acarreos, reparto de despensas y materiales de construcción, uso de mapaches electorales, entre otros elementos– con la reciente profusión de campañas basadas en el marketing político: esto último puede constatarse con las cifras sobre el costo estratosférico de los comicios en esa entidad –3 mil 600 millones de pesos– y con la contratación desmedida de propaganda en medios alternos como espectaculares, bardas, publicidad en el transporte, que se ha vuelto un sucedáneo de la compra –hoy proscrita– de publicidad proselitista en medios electrónicos.
En el entorno de por sí contaminado e inequitativo que priva en la entidad mexiquense vino a poner la puntilla el desastre que se abate en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl –los cuales concentran una porción importante del electorado mexiquense– por efecto de las lluvias y la poca previsión de las autoridades. Las afectaciones derivadas del fenómeno natural han contribuido a enrarecer todavía más el ambiente político por la previsible merma en la participación electoral en las zonas afectadas, por las reubicaciones de última hora de las casillas en los sitios anegados –lo cual, es de suponer, podría generar desorientación en algunos votantes– y por el riesgo de que las tareas de asistencia a los afectados por las inundaciones –una medida necesaria, dada la magnitud de la emergencia– se erija en un mecanismo de coacción del sufragio ciudadano.
En lo que toca a las otras dos entidades en las que se disputa el Ejecutivo –Nayarit y Coahuila–, sería ingenuo suponer que las tendencias en las urnas no se verán afectadas en mayor o menor medida por el clima de inseguridad que se vive en diversas franjas de esos estados: un anticipo de ello se vivió anteayer con el operativo montado por el Ejército a las afueras del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que ocasionó sorpresa y molestia entre la mayoría de los consejeros que ahí sesionaban.
El tono de las campañas para la jornada comicial de hoy constituye, en suma, un anticipo desolador de cara a las elecciones del año entrante, y pone en perspectiva un estancamiento o, peor aún, una involución en los cambios
en materia de democratización experimentados en el país hace más de una década. Es urgente que la clase política del país –autoridades y fuerzas partidarias– atiendan los signos ominosos que, con independencia de los resultados que habrán de darse a conocer desde esta noche, han marcado los comicios de hoy, y que ponen en persectiva un riesgo indeseable: la demolición de las vías democráticas en el país.
