n el año 2000 escribí: “Encubierto por los gobiernos priístas y panista y de plano ignorado por el gobierno perredista del Distrito Federal, que prefirió llevar la fiesta en paz con la empresa de la Plaza México, el espectáculo taurino en la capital presenta los signos de una agonía lenta pero segura, debido a la desorganización de sus promotores y a la negligencia de las autoridades”.

Ocuparon la jefatura de Gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal el priísta Óscar Espinosa Villarreal, de diciembre de 1994 a diciembre de 1997, quien por cierto, atendiendo las peticiones de los sectores de la fiesta y de la Comisión Taurina, favoreció la expedición, en mayo del 97, de un reglamento taurino actualizado, de nuevo reformado en 2004. Lo sucedió Cuauhtémoc Cárdenas Solór- zano, del PRD, ahora en calidad de jefe de Gobierno democráticamente electo, de diciembre de 1997 a septiembre de 1999, y lo sustituyó Rosario Robles, también del PRD, hasta diciembre de 2000. Luego los perredistas López Obrador, Encinas, Ebrard y Mancera, y de diciembre de 2018 a junio de 2023, la primera morenista en el gobierno capitalino: Claudia Sheinbaum. Cambiaron nombres, partidos y procedimientos para acceder al cargo, no el inexcusable desinterés de las autoridades por la tradición taurina de la ciudad: 500 años el próximo 24 de junio.

Esta insensibilidad gubernamental ante una tauromaquia mestizada, herencia de civilizaciones antiguas, de culturas mediterráneas y de España, que pronto adquirió un sello propio entre los pobladores de la futura nación como genuina expresión idiosincrática y manifestación identitaria, tuvo otro agravante: el insuficiente oficio político para valorar y tutelar, con oportunidad, un espectáculo que atrapaba y enorgullecía a su público, hasta la irrupción del neoliberalismo (1980) y sus compinches, empeñados en degradar, también, el rito táurico en el país.

Tanta ineptitud acumulada en lo político y en lo taurino tuvo su culminación en la “reforma histórica” o anticonstitucional prohibición de las corridas de toros en la capital, gracias a congresistas arribistas sin conocimiento de causa y a unas autoridades locales y federales que optaron por el cómodo prohibicionismo en vez de proteger, defender y vigilar la tauromaquia de México de la abusiva autorregulación de que era objeto hacía décadas.

Desde años atrás prevalecía el dudoso profesionalismo de los metidos a promotores, que sin imaginación empresarial pero excesivo poder económico, una crítica positiva a su servicio y hartas amistades entre los políticos, convirtieron la fiesta de los toros en frívola terapia ocupacional, a ciencia y paciencia de conocedores y de ignorantes, unos tolerando y otros aplaudiendo, mientras perdíamos el respeto por el toro de lidia, por una tradición mal cuidada y por nosotros mismos.

Esta embestida contra el espíritu taurino de México fue propiciada, más que por animalismos en boga, ideologías mal asimiladas y autoritarismos emergentes, por el deslavado desempeño de dos empresas al frente de la Monumental de Insurgentes, con dinero, pero sin grandeza, con relaciones, pero sin imaginación, con poder, pero sin sensibilidad hacia el toro, la fiesta y el público, que apenas reaccionó ante la absurda solución impuesta por el bochornoso congreso local. Ahora, sin bravura, toreros nacionales taquilleros, rivalidad, partidarismos y pasión no hay blindaje posible, lo que nunca preocupó a los autorregulados empresarios, satisfechos con su creciente dependencia taurina de España y el pobre concepto de un negocio que no supieron reposicionar.