Organizaciones defensoras del medio ambiente, que desde finales de marzo plantearon que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México comenzó en febrero y provenía de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), demandaron a la empresa estatal que asuma su responsabilidad institucional y transparente información clave sobre el “desastre ambiental” que afectó a más de 900 kilómetros del litoral.

Luego de que Pemex admitió el jueves pasado que el ducto Old AK C, que conecta una de las plataformas en Cantarell con Dos Bocas, fue la causa de la contingencia, las organizaciones pidieron al gobierno federal que informe el volumen total de hidrocarburo derramado, pues sin esta información oficial “no existe una base seria para dimensionar el daño”, calcular el costo total de la remediación y establecer una reparación proporcional.

Asimismo solicitaron que se aclare el monto que Pemex deberá cubrir conforme a su responsabilidal institucional y el costo por el despliegue del Grupo Interinstitucional (GI) para la atención, limpieza, seguimiento y remediación del derrame. También exigieron la presentación de un plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público.

Las 40 organizaciones defensoras del medio ambiente, entre ellas Territorios Diversos para la Vida, CartoCrítica, Conexiones Climáticas y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental evidenciaron a finales de marzo que, con base en el análisis de imágenes satelitales, identificaron desde inicios de febrero al buque Árbol Grande, especializado en reparación sobre el ducto “Old AK C” de Pemex, en Cantarell.

“El gobierno federal finalmente reconoció que el derrame masivo en el Golfo de México tuvo su origen en la fuga del ducto Old AK-C de Pemex, como las organizaciones de la sociedad civil documentamos y denunciamos semanas atrás”, indicaron.

Ayer, en un pronunciamiento, las organizaciones apuntaron que la separación de tres funcionarios de Pemex es insuficiente y no resuelve de fondo el problema. “Despedir a quienes ocultaron información no repara el daño ambiental ni sustituye la obligación de asumir institucionalmente las consecuencias del derrame”, recalcaron.

Advirtieron que los apoyos económicos de 15 mil pesos anunciados por el gobierno federal para 3 mil 379 pescadores, no sustituyen la reparación integral ni compensan la pérdida de ingresos y las afectaciones a las comunidades costeras. Mucho menos, abundaron, remplazan la obligación de restaurar ecosistemas afectados, como es el caso de manglares y arrecifes.

Finalmente, señalaron que el derrame frente a las costas de Veracruz y Tabasco “no es un hecho aislado, sino otra expresión del costo real del modelo” de combustibles fósiles en México, que ocasiona incendios, fugas, derrames, contaminación crónica, afectaciones a la salud y opacidad institucional.