El Congreso de la Unión realizó ayer la declaratoria de validez de la reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, conocida como plan B, una vez que se recibió el oficio de aprobación de 19 congresos estatales y se remitió el decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor.

Ni senadores ni diputados han definido si es necesario o no emprender reformas legales que permitan reglamentar la enmienda, pero desde ahora Morena en San Lázaro anticipó que no se prevé recibir iniciativas del Ejecutivo con ese propósito.

Por separado, en sus respectivas sesiones ordinarias, las cámaras de Diputados y Senadores emitieron la declaratoria de la reforma que reduce el presupuesto de los congresos de los estados, el número de regidores y define que los consejeros y magistrados electorales no podrán recibir un salario mayor al de la presidenta de la República.

En el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez (Morena), explicó que se trata de una modificación constitucional de gran relevancia, ya que “parte de la convicción de que es necesario acabar con los privilegios y hacer más eficientes nuestras instituciones”.

El artículo segundo transitorio de la modificación constitucional establece que “el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico” para adecuarlo al contenido de la reforma, “a más tardar el 30 de abril”.

La víspera, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, sostuvo que no se requiere modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales porque, según su óptica, basta con las modificaciones constitucionales. No obstante, desde la oposición hay una postura en contra.

En la Cámara de Diputados, Morena planteó que la legislación tendrá que esperar a septiembre, pues no se prevé que pueda abordarse en un periodo extraordinario.