Raymundo Ramos, presidente de la organización no gubernamental Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas –acusado por el gobierno de Estados Unidos de colaborar con el cártel del Noreste–, está en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por su labor en defensa a víctimas de violencia institucional y dar a conocer casos de violación a la garantías individuales.

Durante más de 20 años, Ramos ha documentado y denunciado violaciones a garantías fundamentales atribuidas a corporaciones de seguridad, como la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal de Tamaulipas. Su trabajo se ha centrado en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, particularmente en la región de Nuevo Laredo.

Organizaciones civiles aseguran que el activista se ha dedicado a acompañar a familiares de víctimas y contribuir a visibilizar casos que, en algunos episodios, derivaron en investigaciones oficiales contra elementos de fuerzas armadas.