La decisión de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, de presentar el próximo viernes su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 en el Centro Cultural del México Contemporáneo, provocó desconcierto entre legisladores de Morena.

De acuerdo con el artículo 88 de la ley que rige a la FGR, ese programa debe presentarse, al inicio de su gestión, ante el Senado, cámara que tendrá un plazo máximo de 60 días naturales para emitir el dictamen respectivo.

La invitación de la FGR a ese acto, a realizarse el próximo día 17, ha circulado entre integrantes del Poder Judicial, pero no entre legisladores.

“A mí no me han invitado, pero eso es lo de menos: lo importante es que la fiscal Godoy lo haga llegar previamente a esta cámara”, comentó el senador Enrique Inzunza, presidente la Comisión de Estudios Legislativos.

–El texto del artículo 88 establece que “la persona titular de la Fiscalía General, presentará, al inicio de su gestión, ante el Senado de la República, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia”. ¿Ello no implica que debe acudir a esta cámara a entregarlo?

–No necesariamente, pero sí creo que la fiscal Godoy debe presentar primero el plan ante el Senado y luego hacerlo públicamente. Podrá ser horas antes del evento que ya tiene programado, porque es un mandato institucional”.

Ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Inzunza comentó que se trata de un documento fundamental con la estrategia de procuración de justicia para los próximos años, que el Senado debe analizar a detalle. Consideró que si llega en los próximos días dará tiempo de votarla ante el pleno antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario.

De lo contrario, dijo, tendría que llamarse a un periodo extraordinario o esperar hasta el próximo ordinario, en septiembre.

De acuerdo con el artículo 88 de esa ley, el plan deberá “considerar los distintos análisis de la incidencia delictiva”, entre otros diagnósticos situacionales, informes sobre la situación de las personas víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.