La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “se está investigando” el caso de la minera Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, donde se utilizó al crimen organizado para amenazar y violar los derechos de los trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Minero.

A una pregunta sobre la intimidación a los mineros para que desertaran del gremio, la mandataria federal remarcó que cualquier tipo de amedrentamiento o amenazas “es ilegal”.

Sin embargo, evitó ahondar en el tema –publicado la semana pasada por La Jornada– debido a que, dijo, no tiene todos los elementos para dar una posición al respecto.

“No quisiera yo manifestarme hasta no tener toda la información”, señaló en la mañanera de ayer ante la pregunta sobre los abusos en este caso, en el que de forma inédita se dio una investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, que determinó que la compañía canadiense Orla Mining, que opera la minera, es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales.

La jefa del Ejecutivo garantizó que en la mañanera de este martes, durante la participación del gabinete de seguridad, se darán los pormenores del caso.

Asimismo, mencionó que pedirá al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, más detalles al respecto.

“Mañana (hoy), con el gabinete de seguridad, se informa. Hoy (ayer) voy a tener una plática con Marath para conocer todo el contexto de esta situación de la mina”.

–¿Pero esto es ilegal no? –se le interrogó.

– Pues claro que es ilegal.

–¿Habrá sanciones?

–Evidentemente, ninguna empresa que utilice cualquier forma de amedrentar a los trabajadores, no solamente no está dentro de la ley si hace esto, sino que, además, hay delitos que perseguir si se demuestra que esto fue así.

La semana pasada, este diario dio a conocer que la compañía canadiense Orla Mining, propietaria de la mina de oro y plata localizada en el municipio de Mazapil, fue responsable y guardó silencio en torno a la violencia ejercida por integrantes del crimen organizado contra los trabajadores.

De acuerdo con la resolución preliminar del MRR, los expertos panelistas hallaron evidencias sobre los actos de violencia y amenazas de muerte, en asambleas sindicales y en sus domicilios, contra los trabajadores de la organización sindical que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, titular del contrato colectivo, para obligarlos a afiliarse a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.