esde el viernes 11, personal afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México lleva a cabo paros parciales de labores como medida de presión en el marco de negociaciones por mejoras laborales con la dirección del Metro. Como resultado, las operaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) han sido más lentas y caóticas de lo que ya son cuando se realizan a toda capacidad: al retirar de la circulación 30 por ciento de los trenes disponibles, los sindicalizados forzaron la cancelación de 800 viajes diarios, lo que a su vez disparó los tiempos de traslado de manera catastrófica, generó aglomeraciones en las principales estaciones y llevó a conatos de bronca entre usuarios desesperados por entrar o salir de los convoyes atestados.
Esta situación denota irresponsabilidad tanto de la dirección del STC como de la dirigencia sindical, que, por imprevisión, ineptitud, mezquindad o una mezcla de estos factores, han infligido graves afectaciones a los más de 4 millones de personas que cada día usan el Metro para acudir a sus centros de estudio o trabajo y volver a sus hogares.
Es preciso reconocer que estos perjuicios no se originaron con las protestas gremiales, aunque sí fueron incrementados por ellas. Desde hace años, como denuncian usuarios y trabajadores, existe una subfinanciación crónica que impide brindar a trenes e instalaciones el mantenimiento adecuado, lo cual se traduce en las fallas constantes que toda persona que haya abordado el Metro ha atestiguado y padecido. También es cierto que la falta de conservación pone en riesgo las vidas de pasajeros y personal, y que resulta imperativo hacer un esfuerzo fiscal extraordinario para dignificar la columna vertebral del sistema de transporte de la megalópolis que es capital administrativa, económica y financiera del país.
Al mismo tiempo, es cuestionable el recurso a una medida tan extrema como el paro entre un gremio que disfruta de condiciones salariales y prestaciones muy por encima de la mayoría de los trabajadores, y es una muestra de mala fe que esta presión se ejerza cuando está abierto el diálogo con la parte patronal. Lamentablemente, es inevitable sospechar que semejante maniobra guarda poca o ninguna relación con el bienestar que merecen todos los empleados y, en cambio, responde a intereses extrasindicales de los dirigentes.
Así como la gerencia del STC está obligada a ofrecer un servicio digno y atender las demandas obreras legales y legítimas, los líderes gremiales deben sensibilizarse con la población damnificada por sus medidas de fuerza: cada tren que sale de circulación cuesta dinero a los trabajadores a quienes aplican descuentos salariales por impuntualidad; reduce las horas de sueño, convivencia familiar o esparcimiento; impacta en la productividad general de la economía al enviar empleados agotados e irritados a fábricas, oficinas, talleres, escuelas, hospitales, despachos y otros centros de trabajo; empeora la calidad del aire al forzar a la gente a usar autobuses, taxis o autos particulares, y en suma, mina la calidad de vida de una zona metropolitana con más de 20 millones de habitantes.
Ante la magnitud de lo que se pone en juego con el funcionamiento correcto del Metro, es urgente que STC y sindicato resuelvan sus diferencias y trabajen juntos para que esta institución clave de la vida capitalina garantice a sus usuarios traslados eficientes, seguros, previsibles y tan cómodos como sea posible.
