uando Brasil puso la tributación de los ultrarricos en la agenda del G-20 (https://t.ly/sPat-) en 2024, convirtió una pregunta largamente postergada en una prioridad política. La propuesta –en la que tuve el honor de participar– planteaba un impuesto mínimo efectivo de 2 por ciento para los individuos con patrimonios superiores a 100 millones de dólares. Por primera vez, las principales economías del mundo reconocieron conjuntamente que los superricos no están pagando su justa cuota de impuestos y que era necesario considerar formas de abordar la situación.

Desde entonces, el tema ha escalado rápidamente en la agenda política global. Países como Francia, España, Países Bajos, Dinamarca y Suecia debaten sobre una tributación más justa para las grandes fortunas. En Estados Unidos, California podría someter a un impuesto a los ultrarricos a referéndum en noviembre, mientras en Nueva York, Zohran Mamdani ha propuesto gravar a los millonarios.

Brasil, por su parte, recientemente aprobó una reforma tributaria histórica para los superricos. Lo que hace apenas unos años parecía políticamente inalcanzable, hoy está sobre la mesa como una posibilidad real.

Esto importa especialmente en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo (https://t.ly/BkThI), junto con Medio Oriente y el Norte de África. El 10 por ciento más rico (https://t.ly/yogyb) posee alrededor de 50 por ciento del ingreso nacional, mientras la mitad más pobre se queda con sólo 8 por ciento. En el último cuarto de siglo, las fortunas de los milmillonarios de la región se han multiplicado más de seis veces, alcanzando máximos históricos. En México, los milmillonarios concentran una fortuna combinada de cerca de 300 mil millones de dólares. Si se amplía el umbral a las personas con fortunas superiores a 100 millones de dólares, la riqueza acumulada supera 500 mil millones de dólares, más que el PIB total de Colombia (https://t.ly/eSazV).

Este resultado no es inevitable; es fruto de decisiones políticas. Un nuevo análisis encargado por Brasil al Observatorio Internacional de Tributación, que dirijo, en nombre de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria en América Latina (PTLAC) (https://t.ly/y3Jim), muestra que la política fiscal es parte central de esta historia.

En toda la región, los sistemas tributarios hacen poco para reducir la desigualdad y, en muchos casos, la agravan. El 50 por ciento más pobre de la población latinoamericana paga cerca de un tercio de sus ingresos, principalmente mediante gravámenes al consumo. En contraste, el uno por ciento más rico paga, en promedio, alrededor de 22 por ciento. Este patrón no es exclusivo de la región: en varios países (https://t.ly/0TMeo) los multimillonarios enfrentan tasas efectivas más bajas que las del resto de la población, porque pueden estructurar su riqueza para generar pocos ingresos imponibles.

Por eso se necesita un nuevo instrumento: un impuesto mínimo efectivo sobre la riqueza de los súper ricos. La lógica es sencilla: dado que la renta imponible puede manipularse fácilmente, ese mínimo debería definirse como una fracción de la riqueza, que es mucho más difícil de ocultar. La regla se aplicaría sólo a personas con activos por encima de un límite determinado, por ejemplo, de 100 millones de dólares.

A diferencia de los impuestos sobre la fortuna tradicionales, el impuesto mínimo, por ejemplo, de 2 por ciento sobre el patrimonio, funciona como un “piso”. Si los impuestos ya pagados sobre la renta y el patrimonio no alcanzan ese 2 por ciento, se cobrará la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan ese 2 por ciento, no se deberá ningún importe adicional.

La propuesta simplemente garantiza que los multimillonarios contribuyan, en relación con su riqueza, al menos tanto como los ciudadanos comunes.

En el informe encargado por Brasil, mis colegas muestran que un impuesto mínimo de 2 por ciento sobre fortunas superiores a 100 millones recaudaría alrededor de 24 mil millones de dólares al año –aproximadamente 0.6 por ciento del PIB de las siete economías más grandes de la región. Con una tasa de 3 por ciento, los ingresos alcanzarían 36 mil millones. En México, un impuesto mínimo de 2 por ciento sobre la riqueza de individuos con más de 100 millones de dólares podría generar alrededor de 10 mil millones de dólares, lo que podría financiar una expansión de los servicios públicos de salud y educación en el país.

La propuesta es viable. En la última década, la cooperación internacional ha transformado la transparencia sobre la riqueza global. El intercambio automático de información ha reducido drásticamente la opacidad de los activos offshore. Además, muchas formas de riqueza –como bienes inmuebles, acciones cotizadas y herencias– ya se declaran o gravan, y los métodos de valoración de las empresas privadas se utilizan ampliamente en las finanzas y en la administración tributaria.

América Latina tiene razones de peso para tomarse en serio este debate ahora. La relación promedio entre impuestos y PIB (https://t.ly/R-ncn) de la región es de 21.3 por ciento, frente a 34.1 por ciento de los países de la OCDE. La brecha es aún mayor en algunas de las economías más grandes de la región: la carga tributaria de México, equivalente a 17.7 por ciento del PIB, (https://t.ly/AHb0H) está por debajo incluso del promedio regional, y es el país con la menor recaudación entre todos los miembros de la OCDE. Además, el crecimiento no ha aumentado lo suficiente y las presiones por el servicio de la deuda van en aumento. Los estados necesitan recursos para invertir en salud, educación, adaptación al cambio climático y transformación productiva.

Pero también necesitan legitimidad. Un sistema tributario pierde legitimidad cuando los trabajadores, los maestros y los pequeños empresarios pagan más, proporcionalmente, que las grandes fortunas.

Datos de la OCDE (https://t.ly/dk6dZ) muestran que sólo 29 por ciento de los mexicanos creen que el sistema los grava de forma justa. Cuando el poder económico se acumula sin una contribución correspondiente al bien público, las instituciones democráticas comienzan a erosionarse.

América Latina no necesita esperar una coordinación global perfecta para actuar. La cooperación internacional es deseable y Brasil ha liderado el camino al poner el tema en el escenario internacional. Pero los países de la región también pueden avanzar a nivel doméstico y regional, construyendo sobre el creciente consenso de que la desigualdad extrema no es ni inevitable ni intocable. La propuesta es nueva. Implementarla no está fuera de alcance. Lo que falta es la voluntad política para actuar.

* Profesor de economía en la Paris School of Economics, en la École Normale Supérieure y en la Universidad de California, en Berkeley. Director fundador del Observatorio Fiscal Internacional