Buenos Aires., En una insólita medida, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de un alto funcionario iraní, Ali Asghar Hejazi, por su presunta participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, en una investigación que continúa bajo el fiscal Sebastián Basso, en lo que parece un acto de provocación cuando el gobierno del país declaró la guerra a la nación islámica, “acompañando” a Estados Unidos e Israel y días antes del viaje a esa nación del presidente Javier Milei, quien se ha declarado el mandatario “más sionista del mundo”.

Es la primera manifestación de que bajo la imposición de Israel el gobierno de Milei mantiene una acusación que nunca se comprobó, y como se hizo anteriormente se pide a la Interpol detener a Ali Asghar Hejazi lo que ya había fracasado anteriormente contra otros altos funcionarios y diplomáticos iraníes por inconsistencias en las pruebas presentadas.

Para entender la trascendencia de esta situación, Asghar Hejazi fue muy cercano al ayatollah Ali Jamenei, asesinado al comenzar Estados Unidos e Israel su guerra contra Irán, el 28 de febrero.

Existen antecedentes, como la actuación de la justicia argentina, que protagonizó varios escándalos al tratar de mantener la acusación del Mossad (inteligencia israelí), que la misma noche del atentado acusó a Irán del cruento ataque que dejó 85 muertos, centenares de heridos y daños millonarios.

Estados Unidos acompañó a Israel desde entonces en su acusación, lo que ha impedido conocer la verdad, porque tanto el Mossad como la Agencia Central de Inteligencia desvían cualquier otra pista sin disimulo.

En 2003, la justicia argentina protagonizó otro escándalo cuando solicitó la detención del ex embajador iraní en Argentina, Haadi Soleimampour, quien asistía a cursos en Londres, acusándolo por el atentado a la AMIA.

Fue detenido mientras la justicia londinense esperaba que sus pares argentinos enviaran pruebas para poder extraditarlo.

Lo que llegó fue un informe carente de toda prueba y mal redactado, y en julio de 2010, el gobierno británico rechazó la extradición tras considerar insuficiente la evidencia aportada por Buenos Aires, dispuso su inmediata libertad y exigió una indemnización millonaria, que debió pagar Argentina.

A lo largo del juicio a la AMIA aquí hubo tantas irregularidades que comprometieron al primer juez de la causa, Juan José Galeano, pero lo más grave fue que el entonces hombre fuerte de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, un activo brazo de la embajada, Rubén Berajas, resultó comprometido en el pago de 400 mil dólares a un detenido en la causa, para que acusara a policías locales detenidos, que no tuvieron nada que ver en este tema.

Utilizaron también pagos cuantiosos para tratar de lograr que se acusara a los diplomáticos de Irán aquí.

En realidad no hay razón para que Irán cometiera ese atentado en un país con el que tenía firmado buenos acuerdos comerciales y excelentes relaciones diplomáticas.

El portal conservador Infobae publicó una nota este lunes que sostiene que no se incorporan hechos nuevos a esta vieja causa, “sino que es una forma novedosa de analizar elementos que ya estaban en el expediente. Desde ahora, un tramo independiente de la investigación se concentrará en la integración de la organización terrorista”.