MCCI, autorización denegada // Casar-Claudito: circo y maroma // No más filantropía evasora
costumbrada a lograr sus objetivos mediante el escándalo mediático, chantaje “democrático” y, en plan de mártir, con lágrimas de cocodrilo, la “organización civil sin fines lucrativos” (ella misma dixit), arropada por la ultraderecha autóctona y foránea, se ha topado con pared a la hora de la legalidad: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, con un par de “filántropos” visibles, María Amparo Casar, la impúdica lady pensión, y Claudio X. González junior, fracasado ajonjolí de todos los moles reaccionarios) ya no evadirá al fisco “legalmente” –como lo hizo desde 2016–, porque le fue revocada la autorización de “donataria autorizada”.
En la última semana de marzo, MCCI fue notificada en tiempo y forma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a partir de esa fecha la “organización no gubernamental” (aunque entre sus financiamientos goza de los dineros de la Fundación Nacional para la Democracia, una de las máscaras de la CIA) desató una campaña mediática en contra de la autoridad que lo dispuso con base en los términos de ley, algo intolerable para la megalomanía de la derecha autóctona y sus patrocinadores foráneos. Y, ante tal panorama, no se le ocurrió mejor idea que victimizarse, por tratarse, dijo, de una acción “por razones políticas”, tomada, obviamente, por “un gobierno represor”.
La realidad es diametralmente opuesta al contenido de dicha campaña mediática. La historia es la siguiente: en junio de 2016 (a escasos meses de su fundación, en el gobierno de Peña Nieto), MCCI obtuvo su registro como “donataria autorizada”, al presentarse como una organización de “investigación científica o tecnológica” (aunque públicamente se reconoce como “comprometida con la consolidación del estado de derecho en México”), para lo cual, el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt, por esas fechas a cargo de Enrique Cabrero Mendoza) le otorgó la constancia respectiva.
Ocho años después (mayo de 2024), aquella perdió vigencia al modificarse la ley del Conacyt y convertir al organismo en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. A partir de esa fecha, a MCCI se le solicitó acreditar sus actividades para, si fuera el caso, reincorporarla al padrón de donatarias autorizadas. Pero no lo hizo, por lo que en enero de 2025 la autoridad fiscal revocó su autorización. En lugar de intentar su acreditación, promovió un amparo contra la decisión del SAT, mismo que en junio de ese mismo año le fue negado por un juzgado de distrito.
Pero la historia sigue: en septiembre de 2025, y para los mismos fines, MCCI solicitó una nueva autorización al SAT, pero ya no como una organización dedicada a la “investigación científica o tecnológica”, sino para “actividades asistenciales”, con todo y que dice realizar las mismas que antes no acreditó. Ni siquiera ese “detalle” modificó, confiando en la impunidad de siempre.
Entre maroma y maroma de María Amparo Casar y el junior Claudio, el 25 de marzo el SAT rechazó la petición de la autorización, ya que el documento que presentaron no especificaba cuáles serían sus “actividades asistenciales” que dicen realizar y que, supuestamente, una “autoridad” de Chihuahua avaló para una “organización civil” que despacha en la Ciudad de México y se victimiza por ser, alude, una cuasi “perseguida política”.
El SAT explica que al cierre de marzo pasado tiene registradas a 10 mil tres donatarias autorizadas, las cuales, durante 2025, obtuvieron 59 mil 981 millones de pesos en donativos.
A la fecha se ha revocado la autorización para recibir donativos a 270 organizaciones (2.7 por ciento del padrón), por incumplir las obligaciones que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En todos los procedimientos de revocación se otorgó un plazo de 10 días hábiles, y hasta dos prórrogas de 10 días hábiles, para subsanar las omisiones.
Un 63 por ciento de las donatarias autorizadas se dedican a “actividades asistenciales”; 14 por ciento, a educativas; 6 por ciento, al sector cultural, y sólo uno por ciento a investigación científica y tecnológica. El resto, a otro tipo de rubros.
Por cierto, nada mal estaría que la autoridad fiscal revisara a la Fundación Vamos México, de Martita Sahagún (originalmente el pedófilo Marcial Maciel estuvo junto a ella), otra “organización civil sin fines de lucro”, que en el sexenio de su marido se hinchó de dinero aprovechando la estancia en Los Pinos.
Las rebanadas del pastel
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