a semana anterior, Hacienda entregó a la Cámara de Diputados los Pre Criterios Generales de Política Económica 2027, documento sustentado por “(…) tres pilares que seguirán orientando la política económica (…) el fortalecimiento del ingreso de los hogares (…) la inversión en infraestructura estratégica y (…) la responsabilidad fiscal (…)”.
Y añade el documento: “en 2027, continuará el proceso de normalización fiscal, a fin de reducir el déficit público y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas (…) la recaudación tributaria mantendrá una trayectoria sólida y alcanzará un nivel de 15.6 por ciento del PIB (…) el gasto neto presupuestario se estima en 10 billones 23.9 mil millones de pesos, cifra inferior (…) al monto aprobado para 2026 (…) resultado de una recomposición del gasto (…) México mantendrá una posición fiscal sólida, con capacidad para cumplir oportunamente sus obligaciones financieras y seguir fortaleciendo la confianza en la conducción de la política fiscal”.
Todo un categórico (auto) elogio que no incluye en su vocabulario la mera, ínfima, idea del desarrollo. Hemos registrado una pérdida mayúscula: no hay un más allá de la normalización fiscal que se impone como austeridad angelical rodeada de afiladas puntas.
Un par de días después, frente a la reactivación de las movilizaciones de varias organizaciones de productores rurales y transportistas, la mandataria aseguró: “no hay cerrazón (…), no es que no hayamos apoyado, sino que los recursos que tenemos no son infinitos como para apoyar a los montos que ellos quieren”. (“Sheinbaum precisa que recursos del gobierno ‘no son infinitos’, tras bloqueo de transportistas”, nota de Gaspar Vela, Milenio, 6/04/26).
Tiene razón la Presidenta con sus descubrimientos históricos: no hay recursos infinitos y menos considerando los muchos deberes (sociales y constitucionales) del Estado mexicano y los magros recursos con los que cuenta. Este y gobiernos anteriores han hecho de la no reforma tributaria un escudo con anteojeras para evitar abordar la cuestión fiscal que nos mantiene en un práctico estancamiento corrosivo que bloquea cualquier voluntad desarrollista.
El país necesita poder contar con los recursos públicos suficientes para proteger los derechos sociales y, desde ahí, contribuir a demoler las murallas institucionales y mentales que impiden toda iniciativa que busque hacer honor a la voluntad histórica del Estado, y buena parte de la comunidad, en pro de todo tipo de cambios destinados a superar los nefastos equilibrios que nos tienen aherrojados. El país todo debe cerrar filas y poner en el subsuelo las cifras funestas de los no crecimientos esperados. Ninguna de ellas puede ufanar a nadie.
Decir que la carga fiscal en México es baja y que ha dificultado el adecuado de-sempeño de funciones y obligaciones constitucionales del Estado mexicano debería ser visto y entendido como una obviedad majadera, pero no ocurre así: retrata la incapacidad y el desinterés de los gobiernos y los grupos dirigentes ante la necesidad de realizar una reforma fiscal redistributiva, y siguen empeñados en eludir la toma de decisiones articuladas por este hoyo negro fundamental que gobierna nuestro presente y ha puesto en riesgo nuestro nublado futuro.
No son pocos los estudios y los trabajos que se han hecho, ni las voces de quienes pensamos que es imprescindible realizar una reforma fiscal, explorando rigurosamente diversas rutas que acerquen al país a una creíble redistribución de los ingresos mediante la progresividad fiscal. “Una reforma fiscal hacia el crecimiento y la igualdad, como ha propuesto José Casar, que fortalezca los ingresos públicos como condición necesaria para enfrentar los retos de recuperar el dinamismo de la economía y avanzar hacia niveles de igualdad propios de sociedades civilizadas”.
Si, como dice la Presidenta, los recursos no son infinitos, sería conveniente asumir que los tiempos tampoco lo son y que, dada la creciente demanda de recursos y la consecuente reducción del espacio fiscal, es cada día más evidente la urgencia de una reforma fiscal redistributiva, acompañada con evaluaciones rigurosas y permanentes del destino, efectividad y eficiencia del gasto público; a menos que en Palacio se considere “innecesaria” debido a los resultados obtenidos en la recaudación gracias a “(…) la solidez de las medidas implementadas para reducir los espacios de evasión y elusión fiscal, así como del fortalecimiento de las acciones de fiscalización (…) (lo que permite) la asignación prioritaria de recursos al desarrollo social, garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales, cuyo gasto alcanzó –en 2025– un máximo histórico de 13.1 por cinto del PIB”, como afirma Hacienda en los Pre criterios.
El 10 de abril, Adolfo Sánchez Rebolledo, un hombre de izquierda, entrañable amigo, habría cumplido 84 años
