Mineras y narco, ¿de la mano? // Economía-Trabajo, reticentes // Netanyahu = fin del problema
or qué la reticencia de las secretarías de Economía y del Trabajo en un delicado caso que están obligadas no sólo a investigar (por ser la primera la responsable legal de las concesiones mineras y la segunda de las garantías de los trabajadores), sino a informar amplia y detalladamente por tratarse del presunto contubernio entre una empresa (en este caso una trasnacional canadiense) y el crimen organizado en algo que no sólo es ilegal, sino que viola los derechos laborales y debe encender las señales de alarma en las instituciones de seguridad?
Así lo denuncia La Jornada (Jared Laureles) y dice así: “La minera Camino Rojo (propiedad de la canadiense Orla Mining), ubicada en Zacatecas, utilizó al crimen organizado para amenazar a sus trabajadores, afiliados a la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, y violar sus derechos laborales, además de buscar que desertaran de este gremio, advierte de forma inédita la investigación del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, que determinó que la compañía ‘es responsable directa de injerencia patronal’ en actividades sindicales”.
Los expertos panelistas, continúa la denuncia, documentaron evidencias de actos de violencia y amenazas de muerte, en asambleas sindicales y en sus domicilios, contra los trabajadores de la organización sindical que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, titular del contrato colectivo, para obligarlos a afiliarse a un gremio de “protección” patronal de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes. “Las actuaciones del panel corroboraron que la mina contrató a un narcotraficante para interrumpir las reuniones sindicales con personas armadas, proferir amenazas de muerte y obligar a los trabajadores a aceptar el sindicato preferido de la empresa, señala el Departamento de Trabajo estadunidense sobre el fallo”.
En defensa de la trasnacional, la “respuesta” –por llamarle así– la ofrecieron las secretarías del Trabajo y de Economía: México rechazó la determinación del citado panel, ya que –a su juicio– el mecanismo excedió sus alcances, al argumentar que pretendió analizar conductas de naturaleza penal y que los actos de “coerción” no pueden atribuirse a la compañía minera. Nuestro país “exige que debe existir un vínculo entre el autor material del hecho y del que queda responsable y que el daño se haya producido en ejercicio del desempeño de obligaciones o servicios”, arguyeron. Y de pilón, aseguran que si bien recabaron “evidencia y testimonios de trabajadores sobre las amenazas de las que fueron víctimas”, al final de cuentas consideraron que ellas “no son suficientes para vincular a la empresa con dichas conductas”. Bien, pero ¿y el contubernio entre la trasnacional y el narcotraficante? ¿Y la violación de los derechos de los trabajadores? ¿Y las amenazas?
Las citadas dependencias de ahí no pasaron, por mucho que “las amenazas del crimen organizado, perpetradas con anuencia de la minera Camino Rojo en Zacatecas, contra los trabajadores de la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, se exhibieron ante diversas autoridades federales, incluso ante instancias de seguridad, a las cuales la organización gremial pidió apoyo para salvaguardar la integridad de los obreros, de acuerdo con documentos en poder de La Jornada” ( ídem).
Algo más: “los actos de intimidación y violencia fueron documentados en el procedimiento especial colectivo 758/2024 ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos que, al igual que el sindicato, solicitó a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en noviembre de 2024 su intervención durante un proceso de recuento para definir la titularidad del contrato colectivo de trabajo a fin de que se llevara a cabo sin violencia y sin que intervinieran delincuentes del narcotráfico. Asimismo, el tribunal requirió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal 10 elementos para la votación que se realizaría el 22 de noviembre de ese año, pero respondió que no era posible porque no contaba con personal disponible y suficiente para cubrir dicha tarea”. En síntesis, simple y sencillamente ignoraron a los mineros.
Entonces, ¿de qué gracia gozan los corporativos mineros (nacionales y foráneos) que en México de todas libran todas –y ejemplos sobran–, aun en estos tiempos en que se presume que la ley es pareja sin excepciones? (¿salvo para los consorcios mineros y, por qué no, a uno que otro narcotraficante vinculado a ellos?).
Las rebanadas del pastel
Más allá de la insania de Trump, el problema a resolver se llama Benjamin Netanyahu (junto con su banda de sionistas). Y la comunidad de naciones debe tomar una decisión ¡ya!
X: @cafevega
