El gobierno capitalino dio por concluida la consulta pública al proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, con lo que se inicia el proceso de reformulación del documento para plasmar las opiniones y propuestas recabadas y luego se enviará al Congreso local, donde se prevé que sea aprobado este año.

En tanto, colectivos protestaron bajo el argumento de que la mayoría de los pueblos originarios no fueron consultados, por lo que, advirtieron, en las próximas semanas se presentarán amparos con el propósito de que se anule el procedimiento.

En conferencia de prensa, la directora del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la ciudad, Patricia Ramírez Kuri, informó que se recibieron 107 documentos con propuestas de distintos sectores, otras 12 mil 822 fueron vía digital. Se realizaron 486 talleres participativos, así como 301 foros y conversatorios, entre otros mecanismos de participación.

“Es un proceso sólido”, afirmó el todavía secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes Rizo, quien aseguró que se tienen todos los elementos para defenderlo por “las vías que se planteen”.

En la sede de la dependencia, los funcionarios afirmaron que hubo una participación muy nutrida en la consulta, incluso el ejercicio se realizó hasta en escuelas públicas y privadas de educación básica, donde 98 mil 500 niños y adolescentes respondieron una encuesta sobre la ciudad en la que desean vivir.

No desaparecen Copacos

Yanes Rizo –quien el 15 de abril toma posesión como secretario capitalino de Bienestar e Igualdad Social– expresó que son falsas las afirmaciones de que el plan incluye la desaparición de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos), o de los planes parciales de desarrollo urbano o que las casas de gobierno, que impulsa la actual administración vayan a sustituir a las alcaldías.

Ramírez Kuri comentó que durante la consulta se firmaron 106 actas de diálogos y acuerdos con pueblos y barrios originarios. Los temas que más se analizaron fueron de integridad territorial, protección de los recursos naturales, sustentabilidad ambiental, así como derechos culturales y sociales.

Al tiempo que se realizaba la conferencia, integrantes del Frente por los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac se manifestaron para denunciar que hubo comunidades en las que autoridades representativas no fueron convocadas o se realizaron asambleas a puerta cerrada.